“Nos preocupa el hecho de que han transcurrido más de 35 días del anuncio para el inicio de la discusión de esta contratación colectiva y aún no se ha iniciado”, advirtió este miércoles, el presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), Franklin Rondón. Según explicó, los representantes sindicales cumplieron con la designación de los negociadores, y se encuentran a la espera de los funcionarios que actuarán en nombre del Ejecutivo Nacional.

Al momento de entregar el proyecto de contrato marco al Inspector Nacional del Trabajo, el pasado 30 de junio, los dirigentes ratificaron el plazo de 60 días que dio el mandatario nacional para la firma del texto. Por eso hizo un llamado a los trabajadores, pensionados y jubilados a estar atentos “no vaya a ser que en el camino, producto del burocratismo, o falta de interés de algunos sectores administrativos, pudiéramos retrasar esa convención colectiva, que ya tiene 9 años vencida”.

Las milicias obreras “un acto de conciencia”

Dirigentes sindicales han expresado su preocupación por la inclusión en el proyecto de contrato colectivo marco del sector público la conformación de milicias obreras. Rondón negó que se esté exigiendo a los trabajadores organizarse de esta manera “en ningún momento es obligatorio, es un acto voluntario, es un acto de conciencia”.
A su juicio, en ese texto que regirá las relaciones laborales con se pretende “elevar la conciencia política de los trabajadores”, porque va más allá de lo reivindicativo, por lo que considera que los trabajadores tendrán más que ganar, que perder, con esa forma de organización.

“Primero, es un acto voluntario (crear milicias obreras); segundo, nos implanta mucha disciplina; tercero, a la hora de una situación de conflicto garantiza el funcionamiento de los servicios públicos”, dijo.

Alimentación y Vivienda

Son dos de los beneficios que estarían contemplados en el proyecto entregado en la Inspectoría del Trabajo. Según el Presidente de Fentrasep, la propuesta es aumentar a 30 días el beneficio para los trabajadores activos y que la base de cálculo sea entre 0,35 UT y 0,75 UT (actualmente es entre 0,25 y 0,50 UT). Mientras que para los jubilados y pensionados, reiteró el dirigente sindical que la propuesta es un subsidio “o subsistencia para mejorar la calidad de vida”.

En cuanto a la vivienda, será a través de un censo, que se defina luego de la firma del texto, para determinar la cantidad de viviendas que se deben construir. Y así daría cumplimiento a la cláusula que se plantea que en 3 años los trabajadores del sector público deben tener vivienda propia.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas

Noticias relacionadas:
- Entregado proyecto de contrato de administración pública