Durante 2020 la libertad sindical y los derechos laborales estuvieron nuevamente bajo azote, en un contexto en el que los salarios del sector público siguieron a pique; y los trabajadores, aun en pandemia, protestaron en varias oportunidades para exigir el cumplimiento de los contratos colectivos. El Informe 2020 de la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales de Venezuela, integrada por nueve organizaciones gremiales sindicales y 13 organizaciones no gubernamentales, identificó al menos dos patrones que atentaron directamente contra los trabajadores.
El primero de ellos fue la continuación de las “campañas de descalificación hacia dirigentes gremiales y sindicales”; bien sea desde voceros del gobierno de Nicolás Maduro, o bien desde las bases de las entidades patronales de empresas u organismos del Estado. "La actividad sindical en el país está anulada porque el Estado ejerce estas dos vertientes en contra del liderazgo en general. Pudimos tener acceso a 55 dirigentes sindicales en 10 entidades del país que evidenciaron esa práctica”, señaló Manuel Virgüez, director general de la ONG Movimiento Vinotinto, parte de la Alianza.
Ello sumado a que, en el transcurso de 2020 un total de 1230 trabajadores fueron despedidos por razones políticas o sindicales. Virgüez destacó que la persecución y los despidos aumentan en momentos electorales, o de conflictividad política. “Javier Torres, presidente del Movimiento 7 de la Voz Alcasiana, ha denunciado en reiteradas oportunidades que los trabajadores de las empresas básicas son constantemente discriminados, acosados, perseguidos y obligados a confesarse culpables. Agrega que los trabajadores son forzados con intimidaciones psicológicas, a firmar sus renuncias ante el patrono y sus representantes”, reza el informe.
De manera que, debido a que el año pasado la pandemia ralentizó las protestas de toda índole por el confinamiento; el número de despidos fue menor respecto al que hubo en 2019 (4710), año de varias protestas y roce político. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en 2020 hubo al menos 9633 protestas en todo el país; un promedio de 26 protestas diarias, con una disminución de 42% respecto a 2019. Con 2427 protestas, los derechos laborales fueron la segunda mayor exigencia el año pasado, luego de los servicios básicos.
La persecución penal fue otro de los patrones detectados por la Alianza. Según Manuel Virgüez, en 2020 al menos 27 trabajadores y dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente; y 12 de ellos, son trabajadores de la salud que denunciaron el estado de los hospitales o el avance de la pandemia. El informe recaba casos de trabajadores que fueron hostigados, intimidados e incluso detenidos por funcionarios del Estado y de gobernaciones regionales. Así como los casos de Eudis Girot, detenido por presunta comisión de delitos asociados a terrorismo; y Franklin Gascón (Venalum), acusado de agavillamiento, daños a la propiedad, entre otros presuntos delitos.
Mientras que, según el Observatorio del Derecho al Trabajo de la ONG Movimiento Vinotinto, entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 un total de 88 trabajadores y dirigentes sindicales fueron encarcelados por razones políticas, o por el ejercicio de la libertad sindical. Las amenazas y otros tipos de retaliaciones también estuvieron a la orden del día en el último año; principalmente cuando se ha detectado algún tipo de expresión de participación política o reclamos a los patrones. El informe resalta el caso de 12 docentes de la Escuela Nacional Experimental Venezuela, 14 de la Escuela Técnica Luis Razetti, dos de la Escuela Nacional Elías Rodríguez y 12 de la Escuela Técnica Robinsoniana Gran Colombia; que fueron amenazados con procedimientos disciplinarios y se les negó el acceso a los centros, por no haber ido a trabajar al no tener dinero para pasaje y alimentación.
Exclusión de nómina y pulverización del salario
La presidente de la Alianza Sindical Independiente (ASI) de Venezuela, Marcela León, sostuvo que otros elementos que siguen presentándose en el ámbito laboral público: son las exclusiones de nómina por participar en movilizaciones, para exigir reivindicaciones salariales y la caída continua del salario de los trabajadores. Según el informe, entre 2019 y 2020 se contabilizaron cerca de 230.000 casos de exclusión de nómina de docentes, profesionales de la salud, entre otros trabajadores. En el sector judicial, por ejemplo, las nóminas se han reducido 30% debido a las destituciones, despidos y renuncias bajo coacción o por las condiciones laborales.
El sector público tiene años con salarios que no superan los cinco dólares mensuales. Actualmente, con el reciente aumento decretado a inicios de mayo, el salario mínimo de siete millones de bolívares equivale a 2,4 dólares aproximadamente. Alrededor de 26% de la fuerza laboral del país está en la administración pública.
El gremio docente critica que el gobierno de Nicolás Maduro eliminó de facto, las contrataciones colectivas con la reconversión monetaria; pues antes de eso, habían logrado firmar un convenio que fijaba el ingreso mínimo del magisterio en siete salarios mínimos. “El salario del docente no le permite acceder a la canasta básica alimentaria ni mucho menos a la básica familiar. Razón por la cual se encuentran desmotivados, para incorporarse en el llamado que se hizo en septiembre de 2020, ni por vía presencial, ni por vía online”, dice el informe.
En cuanto al personal universitario el escenario no es distinto. A enero de 2021, un profesor titular ganaba el equivalente a 2,97 dólares; salario que bajaba a 1,07 dólares en el caso de los obreros, según cifras del Rectorado de la Universidad de Los Andes.
Actualidad Laboral / Con información de Crónica Uno
