De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), Venezuela ya superó su proceso hiperinflacionario; sin embargo, esto no significa que el problema de fondo haya terminado. Es más, la estrategia que el Ejecutivo Nacional ha mantenido para contener los precios genera algunas dudas sobre su sostenibilidad. Así se desprende del Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados, cuyo resumen publica el portal Banca y Negocios.
El año 2022 comienza como un período con buenas expectativas, pero hay que tener cautela, porque más allá de síntomas parciales de recuperación, se necesitan reformas fundamentales para dar pie a un proceso continuado de crecimiento de la economía, cuando no se ha superado la mayor crisis de la historia contemporánea del país.
En principio, hay una cosa que está clara: este año Venezuela seguirá siendo, muy probablemente, el país más inflacionario del planeta, con una variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de entre 200 % o 250 %, lo que significa mantener la tendencia de ralentización de los precios, pero este pronóstico sigue mostrando un panorama empobrecedor de destrucción del poder de compra de la inmensa mayoría de la población.
Un tema medular es que se logre este año mantener un clima de acuerdo y concertación entre el gobierno y los agentes económicos, más allá de los debates políticos; sin embargo, es tiempo de que ese clima se transforme en hechos más profundos que contribuyan a enfrentar problemas de fondo.
Por ejemplo, está el crítico problema del crédito en Venezuela. Hemos recibido informaciones positivas de sectores financieros que sostienen que se están dando pasos concretos para permitir un esquema de intermediación financiera en divisas con los depósitos en moneda extranjera, que exceden los US$1.000 millones de dólares.
No está claro en qué condiciones se produciría esta reforma, pero la banca espera que lo más pronto posible se tomen las decisiones necesarias, porque no es una buena señal la ratificación del encaje legal de 85 % que ya anunció la autoridad monetaria.
Entendemos que el gobierno continúe con la estrategia de contención de la inflación que hasta ahora le ha funcionado, relativamente; pero hay que tener claro que contener la emisión de liquidez y sostener una costosa política de intervención cambiaria -que, de paso, ya está apreciando de manera excesiva el tipo de cambio real- no constituyen una política antiinflacionaria consistentemente efectiva.
El año pasado, las 68 intervenciones cambiarias que realizó el Banco Central de Venezuela costaron más de US$ 1.500 millones de dólares. Ante el fuerte nivel de apreciación de la moneda nacional, a través de la generación de un rezago en los precios de las divisas extranjeras, muy probablemente esta política tendrá que ser aún más costosa.
Un escenario preliminar supone que posiblemente sea necesario llegar a un promedio entre 70 % y 80 % superior al reportado en 2021, que fue de US$ 23 millones por intervención, en función de mantener un aumento controlado de las cotizaciones en el mercado cambiario.
Parte del problema es que no existe un plan consistente de recuperación, sino algunas decisiones aisladas y el abandono de políticas demostradamente perniciosas, como los controles de precios, pero sin que se desmonten formalmente los esquemas legales que las sustentan.
2022 debería ser un período para construir nuevas relaciones económicas y políticas, un período cuando el foco de todos los actores fundamentales debe colocarse en la recuperación del poder de compra de los ciudadanos, así como en crear las bases para un aumento sostenible de la producción de bienes y servicios, lo que significa centrarse en la gestión de problemas estructurales.
Actualidad Laboral / Con información de Banca y Negocios
