Después de cinco años de espera por leyes que los regulen y más de medio siglo cerrados, los talleres, comercios e iniciativas privadas en Cuba, volverán a ser legales a partir del 20 de septiembre, con el objetivo de apoyar a una economía en crisis.
Cautos o entusiastas, los empresarios calculan sus posibilidades pero sobre todo manifiestan sus resquemores: un sistema de créditos ineficiente, la exigencia de contar con dólares que el propio Estado no vende y las limitaciones para contratar servicios profesionales, entre otros.
A fines de agosto las autoridades publicaron en la Gaceta Oficial una veintena de normas que permiten y regulan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la isla, eliminadas en 1968 en una ofensiva revolucionaria contra los últimos vestigios de propiedad privada.
En ese momento desde bodegas, bares o talleres de refacción fueron clausurados o absorbidos por el Estado, con dificultades para manejar con eficiencias esos negocios.
A partir de 2010 el expresidente Raúl Castro reconoció la falta de productividad y abrió levemente la economía a la iniciativa individual pero no permitió las empresas como tales ante la resistencia de muchos históricos dirigentes. Sin embargo, en estos años algunos de estos negocios terminaron teniendo más de 50 empleados pese a que se los llamó trabajadores “por cuenta propia”.
En 2019 -antes de la catástrofe que significó la combinación de la pandemia y los efectos de las sanciones estadounidenses que asfixiaron la economía- se registraban unos 600.000 de estos autónomos, la mayoría ligados al mercado turístico.
“Uno estaba atado a una licencia de ‘cuentapropista’ que tenía muchas limitaciones. Con la legalización (de las pymes) se abren nuevas posibilidades y perspectivas. Entre éstas está el reconocimiento de varios socios en un negocio y la personalidad jurídica”, reflexionó Lauren Fajardo, diseñadora y copropietaria de Dador, un taller de ropa creado por ella y dos amigas que daba empleo a unas 10 personas y que ahora -como cientos de estas iniciativas- está paralizado por la pandemia.
Las nuevas normas establecen que las pymes -un estatus obligatorio para las empresas que tengan más de tres trabajadores- se constituirán como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía.
Podrán tener hasta 100 empleados y se les permitirán todas las actividades menos las que el Estado se reserva como estratégicas -educación, salud, defensa, gestión de desechos y minería, entre otras-.
Las normas publicadas también regulan las cooperativas no agropecuarias y mantienen la figura de los trabajadores por cuenta propia para los completamente autónomos.
Un punto aparte son las limitaciones a los servicios profesionales. No se permite la constitución de empresas de este tipo o su ejercicio independiente, por lo que arquitectos, ingenieros o abogados no están autorizados a instalar bufetes pero sí pueden emplearse como personal de las pymes.
Expertos y empresarios pidieron durante más de cinco años estas leyes, que terminaron publicándose recién en medio de una crisis severa con una caída de 11% del Producto Interno Bruto en 2020, desabastecimiento de bienes básicos y crecimiento del mercado negro. La tensión social llegó a tal punto que en julio hubo inusuales y masivas manifestaciones de protesta en la isla.
Ahora que ya tienen leyes los emprendedores han comenzado a evaluar su impacto. AP habló con más de una decena de ellos y algunos prefirieron no dar sus nombres para analizar con amplitud sus inquietudes.
Una de las cuestiones entre los que tienen negocios instalados, por ejemplo, es cómo se blanqueará el capital o las maquinarias pues muchas fueron adquiridas irregularmente o rescatadas de talleres estatales abandonados. Otro asunto es la contradicción entre la necesidad de importar insumos -que debe ser a través del Estado y pagado en dólares- y la ausencia de un mecanismo para adquirir esa moneda legalmente, pues los bancos no la venden.
Muchos se preguntan cómo operará el sistema de créditos en pesos cubanos para adquirir materia prima en dólares o cómo se conseguirán bienes como vehículos que el Estado no ofrece ni permite traer del extranjero y hasta cuál será el régimen sindical de los empleados.
Un aspecto que causa inquietud es que la ley admite asociarse y abrir SRL a ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país pero excluye a los emigrados que en muchos casos son los verdaderos propietarios de los emprendimientos que ya están funcionando o los poseedores del capital necesario para formar una pyme.
Además, las autoridades informaron que lo que se abrirá el 20 de septiembre es una “convocatoria” para inscribir a las SRL y cooperativas pero por sectores, comenzando por los de producción de alimentos o base tecnológica. Muchos emprendedores se preguntan hasta cuándo tendrán que esperar por una cita si están fuera de los rubros considerados claves por el gobierno pese a que con sus iniciativas generarán empleos.
“La gente está buscando entender, comprender el contexto y sobre todo encontrar oportunidades para impulsar proyectos”, explicó a AP Oniel Díaz, cofundador de la consultora Auge que a partir de la ley comenzó unas rondas de asesoramiento.
Durante sus encuentros con empresarios Díaz notó además un cambio que podría mostrar el futuro por el cual transitarán estas pymes en Cuba: dado que el turismo se encuentra paralizado y lo único que puede surtir de clientes es el mercado nacional “se está verificando una reconfiguración del sector desde la COVID”, señaló.
“Y los negocios que están llegando a nosotros, hoy, ya no son restaurantes, ya no son cafeterías, ya no son paladares, ni arrendadoras. Son personas que quieren un negocio de construcción, producir alimentos, florerías... con valor añadido”, reflexionó Díaz.
Actualidad Laboral / Con información de AP
