Pasa todos los días preparando estrategias legales para ayudar a migrantes indocumentados a quedarse en el país. Sin embargo, en cualquier momento, la misma Lizbeth Mateo podría ser detenida y deportada.

Es una abogada migratoria que tiene su propio abogado en materia de migración.

Lizbeth, de 33 años, se juramentó como abogada de manera oficial en junio. Después de pasar años como persona indocumentada y en flagrancia abierta de las leyes migratorias, ahora es parte del sistema jurídico y espera representar a otros como ella que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.

El que California permita que Lizbeth pueda ejercer es una se las señales de la aceptación a la comunidad indocumentada en ciertas partes del país. Kevin de León, el líder del senado californiano, la llamó la personificación del sueño americano cuando presidió la ceremonia de juramentación de Lizbeth.

Ahora le toca ejercer en un momento delicado: las promesas del presidente Donald Trump, como la construcción del muro y los nuevos lineamientos de detención, han dejado claro que las personas sin papeles serán deportadas. Algunos inmigrantes han preferido esconderse y otros han regresado a sus países de origen, temerosos y frustrados. Otros más han decidido ni siquiera aventurarse.

Lizbeth pertenece al grupo de quienes quieren confrontar a la administración, incluso cuando hacerlo conlleva riesgos personales. Es una defensora valiente, según varias personas; para otras, es una provocadora imprudente que parece querer retar a los agentes migratorios a que la detengan.

“Veo cómo activistas que son respetados y considerados líderes de la comunidad arman un alboroto y pienso que no es lo que necesitamos en este momento”, dijo Lizbeth, quien nació en el estado mexicano de Oaxaca. “El trabajo no permite que hagas un alboroto. Lo que necesitas es asegurarle a la comunidad que vamos a pelear. Al fin y al cabo, solo tenemos esa opción”.

Otros dicen que ese papel no le corresponde. “Prometes que vas a proteger la Constitución de Estados Unidos y al mismo tiempo violas las leyes que contempla”, dijo John C. Eastman, constitucionalista y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champan en California. “Estás violando el juramento del cargo desde el momento en que lo tomas: eso es un gran problema”. Ira Mehlman, portavoz de la Federación para una Reforma Migratoria Americana (FAIR, por su sigla en inglés), grupo que aboga por mayores restricciones migratorias, concurre: “Si estás en el país de manera ilegal, no hay razón por la que deberías poder ejercer derecho”.

Lizbeth es de las pocas personas indocumentadas en Estados Unidos que ha conseguido una licencia de abogacía y solo una de las que se especializa en derecho migratorio. Luis Ángel Reyes Savalza, quien la representa y también nació en México, es otra de esas personas.

California, Nueva York y Florida son los únicos estados que otorgan licencias a migrantes indocumentados para que ejerzan derecho. No hay un estimado oficial de cuántas personas sin papeles trabajan como abogados, pero Luis Ángel dice que conoce a una docena.

Para Eastman, los abogados indocumentados ponen en riesgo a sus clientes que son beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) porque el gobierno de Trump podría retirar ese permiso en cualquier momento. En enero, ya emitió una orden ejecutiva que amplía las definiciones de quién es un criminal; ahora incluye cosas como haber usado un número de seguridad social falso para trabajar. Y el Servicio de Inmigración y Aduanas ha dejado claro que ser de DACA no garantiza una protección legal.

Personas como Lizbeth comenzaron a identificarse en público como indocumentadas hace más de una década con la esperanza de que podrían forzar un cambio al contar sus historias. Varios grupos universitarios en California se juntaron con el nombre “Dreams to be Heard” (Sueños que merecen ser escuchados) y apuntalaron el Dream Act, legislación que habría dado una vía para la ciudadanía a jóvenes indocumentados. Esta fracasó.

Sin embargo, la atención puesta en las dificultades de jóvenes que habían llegado como menores de edad y no conocían más que su vida en Estados Unidos ejerció presión para que el gobierno de Obama avalara DACA para que los dreamers pudieran estudiar y trabajar. El futuro del programa no es seguro bajo la administración Trump, en particular después de que varios fiscales estatales republicanos han amenazado con demandar al gobierno si el programa no es retirado para otoño.

Luis Ángel y Lizbeth impulsan que se mantenga DACA, pero no quieren solo eso. También argumentan que los migrantes que han cumplido sentencias en prisión por alguna condena penal no deben ser blancos para la deportación y quieren convencer a los gobiernos locales de que prevean más fondos para pagar los costos legales de los migrantes que enfrentan procesos de expulsión. “Quieren que estemos atemorizados”, dijo Lizbeth.

“La gente dice que tiene miedo, pero no tenemos que ser invisibles”, mencionó durante un discurso ante estudiantes de la Universidad de California, Northridge, su alma mater. “Estás más seguro” cuando reconoces tu estatus, “cuando estás conectado a gente que sabrá si el ICE vino por ti en mitad de la noche”, añadió, usando la sigla en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Sin embargo, las acciones que ella califica como necesarias son vistas por otros como descuidadas.

En 2013, Lizbeth viajó a Oaxaca para visitar a familiares, aunque sabía que no tenía la visa para reingresar a Estados Unidos. Cuando se presentó al cruce fronterizo, lo hizo acompañada de otros ocho estudiantes indocumentados que exigieron poder entrar para solicitar asilo. Al final, Lizbeth pudo pasar, aunque fue detenida en un centro migratorio en Arizona durante algunos días. Se le permitió argumentar su caso ante una corte mientras empezaba sus estudios en Derecho en la Universidad de Santa Clara en California, algo a lo que había soñado con dedicarse desde que llegó en 1998 a Estados Unidos cuando era adolescente.

Su protesta pretendía atraer atención sobre la enorme cantidad de personas que habían sido deportadas antes de que fuera implementado DACA, pero varios activistas la criticaron de haberlo hecho como un ardid publicitario. Aun así, se convirtió en una suerte de celebridad entre algunos grupos de defensores de migrantes.

Aunque su acto puso en jaque su búsqueda de un estatus legal. El programa DACA requiere que los solicitantes demuestren que nunca han dejado Estados Unidos desde que entraron como menores de edad. Cuando Lizbeth buscó ser beneficiaria de DACA el año pasado, su solicitud fue negada por el viaje a México. Planea volver a solicitar, aunque esta vez con ayuda de legisladores federales, líderes universitarios y todo un ejército de abogados migratorios.

Si le vuelven a negar la solicitud, no tendrá muchas posibilidades legales. No obstante, dijo que no planea dejar Estados Unidos sin importar lo que suceda.

“Estoy en esta pelea respecto de lo que planee para mi vida, de lo que todavía planeo, frente a mi realidad actual”, dijo. Aunque tiene la licencia de abogacía, no puede ser contratada por ninguna firma debido a su estatus como indocumentada. Por ello planea abrir su propia firma; cualquier persona sin papeles puede establecer un negocio.

Trabaja de día desde un centro en Pasadena, donde da capacitación a personas sobre cómo contar sus historias a diferentes grupos que han prometido ayudar a migrantes indocumentados y las ayuda a llenar formularios en pos de familiares que podrían ser deportados.

“Cualquier cosa que puedas usar para demostrar que tienes una vida aquí, que estás trabajando y contribuyendo, ayuda”, le dijo a un grupo de mujeres de mediana edad hace unas semanas. “Necesitamos que sepan que requerimos su apoyo y que lo merecemos”.

Luis Ángel, de 29 años, sabía de Lizbeth mucho antes de conocerla. La había visto hablar en mítines y había leído sobre sus protestas, que lo inspiraron cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Cuando le ofrecieron ser el abogado de Lizbeth, aceptó de inmediato.

Cuando era niño, la madre de Luis Ángel le enseñó que debía decirle a quien fuera que conociera que había nacido en el hospital O’Connor de San José, California. Cuando empezó a trabajar durante su adolescencia, usó un número de seguridad social falso, como lo hace la gran mayoría de las personas indocumentadas en el país. Eso ahora es fundamento para la deportación.

Durante los últimos dos años, Luis Ángel ha trabajado en Pangea Legal Services, un grupo sin fines de lucro en San Francisco que ayuda a defender a migrantes que enfrentan una posible deportación. Es un trabajo que Luis Ángel ve cada vez más difícil ahora que Trump empieza a cumplir con sus promesas de aumentar las expulsiones de migrantes.

Luis Ángel, quien es beneficiario de DACA, está preocupado por sus padres y ansioso de que cualquier llamada es la que le avisará que fueron detenidos por agentes migratorios.

“Quieren que les diga que todo va a estar bien, pero no puedo hacer eso”, dijo.

Como abogado de Lizbeth, Luis Ángel es quien meterá el papeleo para su nueva solicitud de DACA, mientras que ella prepara los formularios para sus dos hermanos más jóvenes, quienes deben renovar su permiso.

“Toda mi comunidad va a enfrentar cosas peores. Quiero seguir representando a la gente. Y, si no puedo, voy a tener que organizarme para dar la pelea”, dijo Luis Ángel.

Actualidad Laboral / Con información de The New York Times