La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se dirige a la nación con relación a la angustiosa situación económica en la que viven muchos venezolanos, y que hoy se expresa en las numerosas movilizaciones efectuadas recientemente a lo largo y ancho del país para exigir remuneraciones y beneficios socio-económicos dignos, así como el acceso y la prestación eficiente de los servicios públicos. Esta situación es consecuencia de la incapacidad de la actual administración para promover y satisfacer adecuadamente las necesidades vitales de la población no obstante sus pretensiones de que la situación mejora.
Es preocupante el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y/o de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios. Ello es particularmente grave para los empleados del sector público, los pensionados y jubilados y aquellos que dependen de un salario mínimo; todos receptores de ingresos que hoy se encuentran en la parte inferior de la escala de remuneraciones. Aun cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado cifras de inflación posteriores a octubre 2022, estimaciones confiables llevan a concluir que el ajuste en el salario mínimo realizado en marzo de 2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero del presente año.
Así, el salario mínimo mensual, equivalente a USD 30 hace un año, hoy apenas supera los cinco dólares. Tal deterioro revela niveles de remuneración realmente deplorables para una parte significativa de la población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia, requeridas en la Venezuela de hoy.
Las razones de esta tragedia se asocian a la fuerte contracción de la actividad económica venezolana, reducida a aproximadamente la cuarta parte de la registrada en 2013, acompañada de desequilibrios acumulados en el ámbito monetario, fiscal y cambiario que han alimentado un alza creciente en los precios de los bienes y los servicios hasta desembocar en la hiperinflación que se vivió entre noviembre de 2017 y diciembre, 2021, y las tasas de inflación más elevadas del mundo, que aún siguen caracterizando a Venezuela. Ello ha ocurrido, además, en el contexto de una producción petrolera muy disminuida y del aislamiento virtual del Estado venezolano de las principales fuentes de financiamiento internacional, dada la cesación de pagos de la República y de PDVSA sobre sus deudas y obligaciones
a partir de 2017, y las sanciones impuestas por distintos gobiernos, como consecuencia de la pérdida de las garantías democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Los ingresos externos son precarios y su efecto es agravado por el ahogo del crédito internacional. Además, es claro el agotamiento de las reservas internacionales reportadas por el BCV, a lo cual se suma la ausencia total de información en torno a los activos externos del Bandes y Fonden, instituciones que tradicionalmente mantenían importantes sumas de activos en el exterior. En esas circunstancias, las remuneraciones están constreñidas por la productividad laboral, sumamente baja en la economía venezolana como resultado de las medidas de desestimulo y acoso a la actividad productiva aplicadas durante años por el Estado. Pero el nivel de remuneraciones se resiente aún más por la instrumentación de la política antiinflacionaria, de fuerte corte contractivo, aplicada en los últimos años.
Ésta ha buscado contener la liquidez monetaria con la intención de estabilizar el tipo de cambio y “anclar” los precios, reduciendo drásticamente el crédito bancario y el gasto público, sin que se haya logrado reducir la dependencia del financiamiento monetario del déficit fiscal. En consecuencia, es muy escaso el financiamiento a la actividad económica, el deterioro de los servicios públicos es severo y hay un rezago significativo en las remuneraciones a los empleados del Estado con relación al alza de precios La ANCE alerta que, a menos que se optimice la dimensión del Estado en función del disminuido tamaño de la economía, se impulse la eficiencia en la gestión de sus recursos, se combata la corrupción y se recupere la credibilidad en la política económica y las instituciones responsables de su definición y gestión, será muy difícil recuperar la confianza en la economía, incentivar la inversión privada y la generación de puestos de trabajos bien remunerados. Ella es la vía para romper con la práctica de aumentos salariales por decreto, financiados con improvisados impuestos regresivos o la emisión monetaria sin respaldo productivo, que perpetúan las presiones inflacionarias, y no se reflejan en una mejora del poder de compra de los trabajadores.
Las condiciones descritas llevan a la ANCE a insistir en la necesidad imperiosa de un cambio fundamental en la orientación de las dinámicas económicas, basada en la restitución del Estado de derecho, lo que implica la redención de los derechos civiles y económicos contemplados en nuestro ordenamiento constitucional, así como la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, de manera de restablecer la confianza requerida para promover la inversión e incentivar la actividad productiva. Cabe destacar, además, que avanzar en el respeto pleno al Estado de derecho ha sido planteado por aquellos gobiernos que han impuesto sanciones al BCV, PDVSA y a otros entes públicos, como condición fundamental para su flexibilización. Ello abrirá las puertas, asimismo, a las posibilidades de restablecer las relaciones de la República con los organismos financieros multilaterales y, con ello, contar con su apoyo para llegar a acuerdos con los acreedores internacionales a fin de reestructurar la deuda pública externa, junto con la concertación de un programa de estabilización y reformas estructurales orientadas a la rápida recuperación del país.
Por último, el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales debería ofrecer, también, condiciones para confiar en la restitución de las posibilidades de alternabilidad en la conducción del Estado por medios electorales, contemplados en los Principios Fundamentales de nuestra Carta Magna, base para la consolidación de nuestra democracia y la concertación de acuerdos para la recuperación económica y social del país.
Como hemos planteado en otras oportunidades, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a sus competencias, como ente asesor en asuntos relacionados con el manejo de la economía, manifiesta su disposición a contribuir a la formulación e instrumentación de las políticas, acciones y correctivos que permitan, con el tiempo, restablecer un nivel justo y merecido de remuneración a los residentes del país.
Actualidad Laboral / Comunicado
