La capataz del viñedo Bethel Heights Vineyard observó las 40 hectáreas que su equipo de 20 mexicanos acaba de podar, temerosa de lo que pueda pasar si el gobierno de Donald Trump insiste en deportar a los inmigrantes sin permiso de residencia.

Desde el momento de plantarlas hasta la cosecha, hace falta personal capacitado y con una fuerte ética laboral para producir los vinos pinot noir y chardonnay de esa bodega y los nativos simplemente no están dispuestos a hacer ese pesado trabajo, afirmó Patricia Dudley mientras una fría lluvia mojaba los viñedos en Oregon.

"¿Quién va a hacer este trabajo cuando los deporten?", preguntó.

La línea dura de Trump hacia los inmigrantes que no están autorizados a residir en el país provoca escalofríos a la industria agrícola, que teme quedarse sin la mano de obra necesaria para plantar, atender y recoger las cosechas de los productos que alimentan a la nación.

Los productores de frutas y vegetales, los ganaderos y los dueños de viveros y de viñedos están empezando a presionar a los políticos para que aborden el tema de la inmigración ilegal de forma tal que no afecte sus industrias.

Algunos de los líderes de este movimiento son republicanos que votaron por Trump y que enfrentan un dilema, pues están a favor de que se refuerce la seguridad de la frontera pero al mismo tiempo no tienen nada en contra de trabajadores sin papeles que no son delincuentes peligrosos.

La agricultura emplea un porcentaje de inmigrantes sin papeles más alto que otras industrias, según el centro de estudios Pew.

Los inmigrantes sin permiso de residencia representan el 46% de los aproximadamente 800.000 trabajadores del campo, según un análisis que hizo la AP de información de los departamentos del Trabajo y de Agricultura.

Un incremento en las deportaciones podría tener "importantes repercusiones económicas", indicó un estudio del 2012 del Departamento de Agricultura. Si la mano de obra no autorizada se redujese en un 40%, por ejemplo, mermaría un más de un 4% la producción de vegetales, de acuerdo con el estudio.

La Federación de Departamentos Agrícolas (American Farm Bureau Federation) dice que un severo control de la inmigración haría que los precios de los alimentos suban un 5% o 6% por una merma en la oferta y por el aumento en los costos laborales que ello conllevaría.

Además de impulsar la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, Trump quiere contratar otros 10.000 agentes del servicio de inmigración (conocido por sus siglas en inglés, ICE) y ha dicho que será más agresivo que su predecesor Barack Obama en la deportación de extranjeros sin permiso de residencia.

Agentes del ICE han arrestado a cientos de inmigrantes desde la llegada de Trump al gobierno, aunque no está claro si esto representa un cambio en relación con lo sucedido bajo el gobierno de Obama.

Los trabajadores agrícolas están en la mira. En el estado de Nueva York fueron detenidos peones de plantaciones de manzanas y en Oregon sucedió lo mismo con guatemaltecos que trabajaban en viveros.

Por ahora no pareciera que las detenciones hayan afectado demasiado la actividad agrícola, pero la inquietud aumenta.

Algunos peones de Oregon se encaminan a los campos a la una de la mañana y no van a negocios donde cobran sus cheques para evitar sustos. Sus empleadores temen quedarse sin trabajadores.

"Nos dicen, 'no salgan, no se emborrachen, no hagan nada ilegal' porque nos necesitan. Están alarmados", afirmó Moisés Maldonado, que está en el país ilegalmente y trabaja desde hace casi cuatro décadas en viñedos y frutales de Oregon.

En Los Banos, California, Joel del Bosque, quien cultiva espárragos, dice que sus peones están tan asustados por la posibilidad de ser detenidos en las plantaciones que le costó encontrar mano de obra para la cosecha de marzo.

Cuando la abogada de inmigración Sarah Loftin realizó recientemente un seminario en Newberg, Oregon, para hablar sobre los derechos de los peones que trabajan en los viñedos de la zona, se sorprendió de ver que casi la mitad de los asistentes eran los dueños de las plantaciones.

Por ley, los trabajadores deben presentar documentos que comprueban que están habilitados para trabajar. Pero esos documentos a menudo son falsos y los agricultores sostienen que no es su responsabilidad determinar si son genuinos no. Además, no están en condiciones de distinguir eso.

Agregan que los nativos no muestran el menor interés en madrugar y desafiar el frío de la madrugada para trabajar en las cosechas.

Al tiempo que piden visas laborales y reformas a las leyes de inmigración, los dueños de las granjas hacen planes de contingencia, contemplando la mecanización de sus operaciones o cultivar plantas que no requieran tanta mano de obra.

Actualidad Laboral / Con información de AFP