Entró en vigor la 75a versión de la ley de desempleo alemana, aprobada en junio por el Bundestag con ajustes polémicos. Entre ellos, la debilitación de la protección de datos, ya que los vecinos o el casero de un beneficiario de ayudas deberán responder preguntas de la oficina de empleo –Job Center–: en caso de no hacerlo se arriesgan a multas de hasta cinco mil euros. El proyecto diseñado en las oficinas de la ministra del Trabajo socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, aumenta además las sanciones contra quienes rechacen ofertas.

Concretamente, quienes durante un año rechacen un empleo de potenciales empleadores, se le descontará un 30% de las ayudas, si reincide: un 60%; y si por tercera vez rechaza un empleo ofertado, se le quitará la totalidad del subsidio por paro. En el caso de los menores de 24 años, se le quitará el 100% en la primera reincidencia además del pago del alquiler. El Job Center tendrá además el derecho a acceder a los datos bancarios del beneficiarios de manera mensual (antes: cada tres meses), desde ahora, también a los de sus familiares.

La reforma incluye nuevas ayudas esta vez para quienes se encuentren realizando una formación profesional: la subvención incluye el pago de un alquiler «aceptable» y de unos 350 euros al mes. Esto afecta especialmente a los migrantes ya que uno de cada cuatro receptores de ayuda social en Alemania procede del extranjero. Según los datos de la Oficina Federal de Empleo (BA) dadas a conocer este lunes, alrededor de un millón y medio de extranjeros recibía a finales de abril el subsidio conocido como Hartz IV, lo que supone un 26 por ciento del conjunto de personas receptoras de la ayuda.

Actualidad Laboral / Con información de ABC