Aunque la primera noción de un sistema de seguridad social se remonta a los tiempos de Otto von Bismarck, en Alemania, cuando en 1889 fue promulgada la Ley del Seguro Obligatorio de Invalidez y Vejez, dando lugar a un sistema que luego fue adoptado en muchas partes del mundo, en América Latina, la primera caja de jubilaciones de empleados de la administración pública fue creada en Argentina, en 1904 y el primer sistema no contributivo de pensiones en la región fue creado en Uruguay, en 1919.
El primer sistema nacional obligatorio de seguridad social en toda América fue instituido en Chile en 1924, e incluía la Caja del Seguro Obrero, la Caja Nacional de Empleados Públicos, y la Caja de empleados Particulares.
Desde entonces, en América Latina hay casi tantas versiones de la seguridad social como países de la región. Pero, a pesar de que no hay un modelo único de sistemas de jubilación, un común denominador a muchos fue el seguimiento de las reformas implementadas en Chile en 1981.
“En esa reforma se sustituyó completamente el sistema público civil de reparto por uno de capitalización individual administrado por el sector privado”, reza un estudio al respecto, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Diez países latinoamericanos se sumaron a esa ola reformista, y hoy dista de haber un sistema unitario de jubilaciones en la región. Algunos, como Argentina, Brasil y Chile, contemplan edades distintas de jubilación según el género (ver cuadro).
Otros, como Brasil y Nicaragua, incluyen condiciones especiales para trabajadoras y trabajadores de sectores específicos (en Brasil el sector agrícola, y en Nicaragua, los sectores educativo y minero, entre otros).
Algunos sistemas siguen teniendo una marcada presencia del Estado, mientras que en otros, la reforma imprimió un fuerte giro hacia la privatización en el manejo de los fondos de pensiones.
Latinoamérica envejece
Como quiera que sea, todos los sistemas latinoamericanos de pensiones se enfrentan a retos enormes. El principal es el giro demográfico que desde 2020 sufre, por edades, la población en América Latina. Tan solo en Brasil y Colombia, la proporción de personas de 65 y más años respecto de la población total se duplicará en las próximas dos décadas.
“Los modelos actuales de jubilación en América Latina representan un fuerte desafío a las finanzas públicas, principalmente por el aumento de la población de más de 65 años, una mayor expectativa de vida (75 años) y el drástico incremento de enfermedades (cardíacas, diabetes e hipertensión)”, dice a DW desde México Othón Partido Lara, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad Iberoamericana-León.
“El escenario se complica por la precarización del trabajo y la alta proporción de la población en el sector informal, por lo tanto, no asegurada. Urge una reforma de fondo, pero también hay una fuerte presión del sector privado para que esta no tenga un contenido social”, agrega el experto.
América Latina vivirá en 24 años un envejecimiento poblacional cuyo equivalente tardó 56 años en producirse en Europa. Para el año 2045, las proyecciones indican que cerca del 18 por ciento de la población total latinoamericana estará conformada por personas de 65 años o más.
“Lo más probable es que la protección social (la cobertura y el nivel de las prestaciones) que presenten los sistemas de pensiones no sea equivalente, lo que podría provocar importantes efectos económicos y sociales”, coincide el estudio de la CEPAL.
Actualidad Laboral / Con información de DW
