Fin a las persecuciones, amedrentamientos, respeto a las condiciones contractuales y laborales, reenganche en sus puestos de trabajo, además de la destitución del director regional del Ministerio del Trabajo en Anzoátegui, exigieron los representantes sindicales de 17 empresas entre públicas y privadas, que acudieron a la sede del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui, en busca de una solución final a sus conflictos.
Trabajadores de Empresas Polar, Mitsubishi, Central Madeirense, Sigo y de diversos entes de la gobernación del estado, entre otros, aseguraron que no importará el tiempo que les tome luchar por lograr las reivindicaciones salariales que por ley les corresponden y que, en sus casos, afirman, han sido vulneradas. Uno de los grupos más grandes que integran el llamado Frente Sindical de la Dignidad es el de los empleados de la empresa MMC Automotriz (Mitsubishi Motors), quienes, desde 2009, comenzaron una batalla que hoy ha dejado pérdidas humanas y a más de 400 trabajadores en un limbo laboral.
El 29 de enero de 2009, los operarios de la ensambladora ubicada en la zona industrial de Barcelona, José Marcano (36) y Pedro Suárez (24), murieron a causa de disparos ejecutados por oficiales de la policía estadal; luego de que estos acudieran con dos jueces a practicar a un desalojo de la planta tras haber sido tomada por los trabajadores, quienes exigían el reenganche de varios compañeros y el pago de pasivos laborales. A 10 años de ese incidente, la planta, que en su momento produjo los vehículos Mitsubishi Lancer, Signo, Accent, Getz, Montero, Elantra, Canter y la camioneta L300 Panel, está hoy paralizada en su totalidad.
Ramón Ramos y Oneldi Sabino forman parte de ese grupo de trabajadores que se mantiene en zozobra porque, según lo que ellos alegan, desde la alta gerencia de la empresa nipona les indicaron: Aquí se volverá a producir un carro cuando Maduro (Nicolás) salga del Gobierno”. El dúo sostiene que a lo hecho por Mitsubishi Motors no se le puede calificar de violación de derechos labores, ya que es una especie de esclavismo; en virtud de que ellos como trabajadores devengan un salario de seis bolívares soberanos semanales.
“La compañía viola abiertamente los artículos 128 y 130 de la Ley del Trabajo en lo referente al salario mínimo. Nos metieron en el sistema Patria, pero nuestro salario por Mitsubishi son seis soberanos semanales. Tenemos más de cuatro años de reclamos, en los que no hemos gozado ni de vacaciones ni de utilidades. La empresa alega que no está produciendo vehículos y le es más rentable importarlos, que producirlos en el país. Ellos quieren hacer ver que hay una especie de blackout en la compañía”, indicaron.
Ramos y Sabino sostuvieron que la lucha que tienen es algo complicada. En 2015, MMC Automotriz fue adquirida por el Grupo Yammine, que también es responsable por la comercialización y distribución de los vehículos chinos Chery, que son ofertados por el Gobierno. El par de empleados refiere que este nuevo conglomerado tiene como misión principal liquidar a toda la nómina de la planta, tal cual como la han hecho con sus pares de Chery en Guacara.
"Nosotros hemos ido ya infinidades de veces a la sede de la inspectoría del trabajo aquí en el estado, pero el director, Rusbel Rondón, no se aboca a ejecutar las medidas que nosotros solicitamos. Desde principios de año pedimos su destitución, pero no ocurre nada; mientras tanto, la empresa ofrece las llamadas ‘cajitas infelices’ con unas liquidaciones de miseria. No hay servicio médico, tienen las puertas encadenadas, los delegados de prevención son figuras decorativas, todo es un caos”, indicaron.
Privados sin soluciones
Claudio China, miembro del Frente Sindical por la Dignidad adscrito a la Confederación Bolivariana de Trabajadores, sostuvo que se han logrado varios reenganches de la masa trabajadora, sobre todo en lo concerniente a la administración pública. Sin embargo, en lo correspondiente a las ejecuciones de medidas en favor de los obreros de Mitsubishi, las mismas no se han concretado.
“Es inconcebible que un hombre que tiene sentencia firme de un tribunal por extorsión, sea quien regente los destinos de los trabajadores en el estado y no se aboque a resolver sus planteamientos. No hemos podido hacer más, porque las cosas cuando llegan a ese despacho se traban. Tenemos el caso también de los empleados de los peajes, no se ha podido ejecutar la medida de reenganche porque el director del Mintrabajo no se aboca a ello, los trabajadores están desasistidos”, sostuvo.
China refirió, además, que en el caso de los trabajadores de los peajes, estos no han sido llamados a sus trabajos, en virtud de que, al parecer, “el gobernador Barreto Sira quiere privatizar los peajes y dárselos en concesión a la empresa Pedeca de Gustavo Petricca, no reconociendo la deuda que existe con estos trabajadores”, refirió.
La masa laborar espera que el conflicto se resuelva antes de finalizar el año, en virtud de que no aspiran a pasar otra Navidad sin recursos.
Actualidad Laboral / Con información de Crónica Uno
