Desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020 y hasta el 11 de febrero pasado, el impacto que tuvo el coronavirus en los trabajadores esenciales es este: sobre un total de 231.100 trabajadores esenciales contagiados, 54.137 son del sector de salud, de los cuales 228 fallecieron. Estos números oficiales son del Sistema de Riesgos del Trabajo y comprenden a los trabajadores que están en la “primera línea” en el combate al coronavirus. Impactan en medio del escándalo por el vacunatorio VIP y toda la gestión nacional, provincial y hasta municipal en torno a la provisión de la vacuna, y la propia vacunación. Y todo esto en connivencia con distintos sectores de la política y de la salud, vinculados a la seguridad social y a la medicina privada.
Los 54.137 trabajadores de la salud representan el 23% del total, “seguidos por las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y bomberos que con 31.199 casos concentran el 14% de los casos”. Entre las actividades exceptuadas del aislamiento o en la “segunda línea” se destacan los trabajadores vinculados a las Ventas minoristas de bienes y servicios con el 8% con 18.225 casos, tareas de limpieza y mantenimiento el 6% con 13.457 casos, transporte de pasajeros el 5% con 12.095 casos, mientras que la seguridad privada el 3% con 6.261 casos.
“En relación a los casos mortales COVID por ocupación, los trabajadores de salud con 228 fallecimientos conforman el 25%. Los trabajadores de transporte de pasajeros con la pérdida de 95 personas el 10%. Seguidos por el personal de seguridad privada con 69 muertos y el de tareas de limpieza y mantenimiento con 62 decesos, representan un 7% cada uno”, dice el Informe.
Por edades, la mayor cantidad de contagiados tienen entre 30 y 34 años, con 17.457 casos femeninos y 25.104 masculinos; seguidos por los de entre 35 y 39 años con 24.200 son hombres y 16.346 son mujeres. “Buenos Aires, CABA y Santa Fe son las provincias donde se localizan la mayor cantidad de denuncias hasta el momento, con cifras de 113.999, 70.325, 6.718, respectivamente. Seguidas por Mendoza (4.924), Río Negro (4.627) y Córdoba (4.454)”, dice el Informe.
Por el DNU (decreto de necesidad y urgencia) 367/2020, de abril del año pasado “el contagio con el coronavirus se “presume”, que es una enfermedad profesional en relación a los trabajadores que están excluidos del “aislamiento social obligatorio” (ASPO) y deben trabajar, por estar afectados a actividades consideradas como esenciales”; explicó el abogado Luis Ramírez. Luego, esas actividades esenciales fueron ampliándose. La última ampliación es de fines de enero 2021, y abarca a la totalidad de los trabajadores que se desempeñan en sus lugares de trabajo, fuera del domicilio particular.
En relación al COVID-19, para los trabajadores que están "en la primera línea", el DNU 39/2021 fijó que “cuando se trate de trabajadoras y trabajadores de la salud y de miembros de fuerzas de seguridad federales o provinciales que cumplan servicio efectivo…; la Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá entender que la contingencia guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico”.
En tanto, por 90 días la enfermedad COVID-19, el DNU señala que se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada-. Respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos, en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo; y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”.
En función de estas disposiciones, y por la tardanza en el proceso de vacunación, debería aumentar el número de trabajadores contagiados reconocidos por el Sistema de Riesgos del Trabajo, concluyó Luis Ramírez.