Argentina alcanzó in extremis, un acuerdo con sus acreedores para reestructurar deuda por unos US$ 66,000 millones; que alejan al país de las consecuencias de un default. Es un “alivio significativo” en el servicio de la deuda, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes; pocas horas antes del vencimiento del plazo, establecido por el Ejecutivo para adherir a la oferta. El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta aceptada por los acreedores será de 20 días, hasta el 24 de agosto.
Luego de meses de difíciles negociaciones en medio de la pandemia del coronavirus, Argentina acordó con “el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores”; la reestructuración de unos US$ 66,000 millones de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera, añadió el gobierno. Estos grupos representan a más de la mitad de los titulares de estos bonos.
Las partes, que hasta el lunes se mostraban firmes en sus posiciones, cedieron en varios puntos. La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos US$ 53.5 por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos US$ 56.5 por cada 100. El nuevo planteamiento coloca la recuperación por encima de los US$ 54 por cada 100, y mejora los plazos de pago, explicó una fuente oficial a la AFP.
La mejora se consiguió "adelantando los pagos y sin ceder en el beneficio económico", destacó a la AFP el analista Sebastián Maril. “El tema económico está solucionado, falta ver los aspectos legales en detalle”, añadió.
El default, un riesgo para todos
El gobierno del presidente Alberto Fernández aceptó adelantar las fechas de pago, en los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año; en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre, como estipulaba la propuesta original. Y también corrió el vencimiento de los títulos que serán emitidos, para cubrir los intereses devengados en estos meses. La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de 2016. En el caso de los bonos de 2016 en adelante, los tenedores de al menos 66.5% de la deuda, debían adherirse a la oferta oficial para que el canje fuera válido. En los de 2005 y 2010 el total de votos necesarios se elevaba a 85%.
A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default; en el que ya Argentina incurrió el 22 de abril al no pagar intereses. Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos, pues Argentina incumplió con la cancelación de intereses por US$ 500 millones de dólares en abril y otros US$ 600 millones de dólares la semana pasada. Esa mora permitía a los fondos de inversión, que detentan esos bonos, acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la deuda.
Aunque Argentina perdió su acceso a los mercados internacionales hace ya dos años, lograr un acuerdo era clave para el país; que se propone negociar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el que suscribió en 2018 por US$ 57,000 millones, de los que recibió US$ 44,000 millones.
Tercera economía de América Latina, Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y su economía sufrirá aún más este año, debido a la pandemia del coronavirus con una contracción de 9.9% del Producto Interno Bruto; según la más reciente previsión del FMI. El país cerró 2019 con una pobreza estimada en un 35% y una inflación en más del 50% anual. Argentina debe resolver además, la situación de la deuda emitida bajo legislación nacional de unos US$ 41,700 millones; con pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, para la que el gobierno de Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los bonistas internacionales.
Actualidad Laboral / Con información de El Comercio
