La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa debe pagar todos los gastos por honorarios profesionales que ese juicio ocasionó. La sentencia se conoció pocos días después de que el presidente Mauricio Macri reanudara con furia sus críticas contra los abogados laboralistas, a quienes acusa de mafiosos.

El fallo que firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (no firmó el quinto juez, Horacio Rosatti) se produjo en la causa que inicio el trabajador Enrique Eduardo López contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales, a raíz de un accidente.

López afirmó que en el trayecto hacia su trabajo había sufrido un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado y reclamó ante la Justicia laboral que la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557, de riesgos del trabajo.

Pese a que fue citado en reiteradas oportunidades, López jamás se presentó para que el perito médico designado por la Justicia lo examinara, lo que provocó que la acción fuera rechazada ante la imposibilidad de comprobarse si efectivamente estaba incapacitado.

Aunque la demanda fue rechazada por culpa del trabajador que no concurrió a las citaciones del médico, la Sala III de la Cámara laboral porteña resolvió que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio tenía que pagarlos la compañía aseguradora demandada.

A criterio de los jueces, se violaría el derecho de acceso a la Justicia consagrado por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, a raíz de un planteo de la compañía, la Corte Suprema revocó esa decisión de la cámara: a su criterio, como el rechazo de la demandada se debió a la actitud renuente del trabajador no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios que ese juicio originó (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Según el máximo tribunal, no se verificaba que en este caso se hubiera puesto en cuestión el derecho del trabajador a formular su reclamo ante los tribunales competentes.

Se señaló que prueba de ello era que el pleito fue tramitado con total normalidad en las dos instancias de la justicia laboral porteña y que lo que estaba en juego era la responsabilidad de quien interpuso el reclamo por los gastos de un proceso judicial cuyo resultado fue adverso "como exclusiva consecuencia de la conducta negligente" del demandante.

El fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación se conoce en un momento muy particular de la relación del gobierno con el fuero laboral. En el marco de su ofensiva contra el "costo salarial" y en pos de un plan para reformar el sistema de protección legal a los trabajadores, el presidente Mauricio Macri viene sosteniendo un ataque sostenido a los abogados laboralistas.

Personificados en la figura del jefe de bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, Macri acusó a los letrados del fuero laboral de encabezar una mafia que perjudica a los empresarios. De hecho, su gobierno intenta desplazar a camaristas del fuero laboral que homologaron acuerdos salariales impugnados por algunas cámaras patronales. El lunes también se intervino el gremio de canillitas.

Sindicatos salieron al cruce del ataque presidencial contra el derecho del trabajo y llamaron a realizar acciones de protesta. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso advirtieron que el Ejecutivo "intenta preparar el terreno para una reforma laboral neoliberal, con más precarización para la clase trabajadora argentina". Por ello convocó junto a medio centenar de otras organizaciones a un acto "unitario y multisectorial" que se realizará hoy en el hotel Bauen, de Buenos Aires. Desde el gremio local de los municipales, Antonio Ratner, denunció que "Macri no puede hacer resaltar su incapacidad para la generación de empleo". Antonio Donello, de la UOM, dijo que "todas las medidas que toma el presidente son contra los trabajadores". Matías Layús, de La Bancaria, denunció el intento de "disciplinar al movimiento obrero".

Actualidad Laboral / Con información La Capital