Con más reclamos por la falta de un acuerdo sobre aumento del salario mínimo en Venezuela que logros exhibidos, culminó el tercer diálogo social tripartito (patronos, trabajadores y gobierno) con acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convocado en Nueva Esparta, entre 30 de enero y el 1 de febrero.
Ante las críticas, tanto el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, como la titular de la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI), Leida Marcela León, aseguraron que el encuentro sí produjo resultados, como es la instalación de dos instancias técnicas: una para discutir y trazar una metodología para la fijación del salario mínimo de los trabajadores y otra para abordar los casos de los sindicalistas detenidos por encabezar protestas.
El empresario aclaró que de las reuniones no podía salir un monto del salario mínimo porque es una potestad legal del Ejecutivo nacional. A sabiendas de ello, indicó León, las centrales sindicales hicieron una serie de propuestas dirigidas a responder a las demandas de los trabajadores que se movilizan en las calles para reclamar salarios dignos, entre ellas un «ingreso de emergencia», entregadas al ministro del Trabajo, Francisco Torrealba.
¿Qué es y cuándo se instala?
La instalación de una instancia técnica responde al Convenio número 26 de la OIT sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión de Encuesta del organismo internacional de 2019, estableció que el Estado venezolano incumple con dicho convenio al igual que el 87 sobre la libertad sindical y el 144 sobre la consulta tripartita.
La instancia, cuya creación se formalizó en la tercera ronda del diálogo social, se crea para proponer un método para la fijación del ingreso mínimo mensual. Se instalará, de acuerdo con la ASI, entre el 13 y el 17 de febrero. León señaló que no tendrá un calendario fijo de reuniones y que se establecerán metas entre febrero y abril, de cara a 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.
Estará integrada por los empresarios, trabajadores y Ejecutivo, pero también se requerirá la participación del Ministerio de Finanzas, además del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco Central de Venezuela (BCV), entre otros organismos que puedan aportar información técnica necesaria para elaborar el método.
«Entre febrero y abril ya debería tenerse un resultado sobre la metodología, para el 30 de abril ya deberíamos tener un método fijado. La mesa va a incluir la participación de otros agentes diferentes a los actores sociales, que nos proveerán de la información que los diferentes agentes consideramos que era pertinente, como el INE, el BCV y algunas otras oficinas», declaró Fernández a Unión Radio.
El empresario resaltó que para marzo debería presentarse un avance ante el Consejo de Administración de la OIT.
Qué plantean los empresarios
Fernández señaló que las variables a considerar en la instancia técnica son de tipo socioeconómicas (petición de las centrales sindicales), económicas como el crecimiento y la productividad (del empresariado) y el tema de las sanciones internacionales (solicitud del gobierno nacional).
«Sobre el método, tenemos varios elementos que creemos son importantes. Uno es el impacto del problema inflacionario en el país; insistimos mucho en la reunión y otros actores que tenemos que fijar un mecanismo que, una vez que se fije, no pierda su valor en el tiempo, que no ocurra lo del año pasado, cuando el salario era equivalente a 30 dólares con una capacidad de compra y al final de año eso se diluyó por efectos de la inflación», explicó Fernández.
La cúpula empresarial que asistió a las tres rondas de diálogo social (las anteriores se dieron en abril y septiembre de 2022) en representación de los patronos, también hizo hincapié en que el problema no es solo fijar un monto de salario, sino también temas como adaptar la legislación laboral al contexto de una economía «mucho más pequeña».
«Las soluciones no necesariamente deben ser universales sino sectorizadas, para empresas privadas, públicas, Pdvsa, administración central, descentralizada, los que trabajan por cuenta propia; esa universalidad funcionó un tiempo, pero ya no. Podría crearse un fondo de estabilización socioeconómica con recursos de afuera, aprovechando la negociación en México, para que le sirva al Ejecutivo para dar respuesta a la inflación y la pérdida del valor de los ingresos de los trabajadores», planteó.
Reconoció que el ritmo de las soluciones no va a la par de lo que son las expectativas de la sociedad y que se debe buscar la manera de tener más conexión con las aspiraciones de los venezolanos, pero recordó que mecanismos como un diálogo tripartito con presencia de la OIT son «esquemas que por su naturaleza son lentos».
Lo que piden los trabajadores
La Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) asistieron a la tercera ronda del diálogo social en Nueva Esparta.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, Leida Marcela León explicó que para las centrales sindicales, el método para la fijación del salario debería incluir tres fases: de emergencia, recuperación y estabilización. La primera, describió, plantea un aumento progresivo del salario mínimo que arranque con 50% del valor de la Canasta Alimentaria, luego, tres ajustes en el año (el primero con retroactivo al 1 de enero).
Advirtió que hacen falta datos oficiales sobre ingresos y productividad para hablar de montos específicos y resaltó que sería una forma expedita de reducir la brecha entre la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores.
En la segunda fase, de recuperación, entraría el llamado «ingreso de emergencia» que sería una especie de bonificación sin incidencia salarial. Se plantea además establecer un cesta ticket que no solo abarque alimentación sino salud y transporte.
Los sindicalistas también apoyan la creación del fondo socioeconómico para el que coincidió, se pueden buscar recursos por la vía de las negociaciones de México. La tercera fase iniciaría, agregó, cuando haya productividad en el país, mayor crecimiento y política de empleo.
«Hay que seguir facilitando el diálogo aunque los avances sean pequeños, reencontrar a los actores que están no es fácil, todos debemos empujar hacia un mismo objetivo que es la recuperación de Venezuela», añadió.
Denuncian exclusión
La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), brazo sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV), La Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), han sido excluidas, según denuncias, del diálogo tripartito en presencia de la OIT.
Al respecto, el abogado Eduardo Torres, de la Coalición Sindical Nacional, advirtió que la ASI, la CTV y la CGT no representan a todo el movimiento sindical venezolano. Rechazó que Miraflores siga decidiendo con quién se va a reunir y con quién no.
«No ha habido avances en ese diálogo social, el gobierno sigue corriendo la arruga al problema del salario por lo que esas centrales sindicales no pueden seguirse prestando a la farsa», fustigó.
Alertó además que la persecución contra la dirigencia sindical continúa con lo que el Ejecutivo demuestra que tampoco está dispuesto a respetar el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. Denunció que en la actualidad hay 50 sindicalistas entre detenidos, los que recibieron medida de casa por cárcel y los que han recibido medidas cautelares como régimen de presentación. Exigió a la OIT sancionar al Estado venezolano. Torres es abogado del sindicalista detenido Emilio Negrín.
Actualidad Laboral / Con información de Efecto Cocuyo
