Medidas para “corregir” las faltas injustificadas de los trabajadores de los supermercados, serán definidas este martes, entre el Ministerio del Trabajo y los representantes de los establecimiento comerciales, según anunció el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. El funcionario advirtió que esto será “en función de una atención oportuna a la gente, que es el derecho que tiene que prevalecer, sin irrespetar el derecho al trabajo (…) pero quien realmente cumpla con su trabajo”.

Sin embargo no precisó las estadísticas con respecto al ausentismo laboral. Hace un año, voceros de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), también presentes en la reunión de este lunes en la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), señalaron que este indicador estaba por el orden del 40% y, según información publicada por el diario El Universal la semana pasada, las faltas de personal en el sector se encuentran por el orden del 11%, pero es mayor con respecto a los que atienden las cajas registradoras.

Venta controlada de todos los productos de primera necesidad

Aunque hasta ahora solo se había hablado del control en la venta de los alimentos de la cesta básica, este lunes el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, explicó que se extenderá a otros sectores como farmacias.

“No sólo va a los supermercados (…) vamos a ir incorporando a todos los centros de distribución de mercancía de artículos de primera necesidad, eso incluye medicamentos, higiene personal, alimentos y otros rubros fundamentales de uso cotidiano de la familia venezolana”, aclaró.

Reiteró que está previsto fijar cantidades máximas de productos que puede adquirir una persona o familia “o sea, que si está mamá, está papa, no son 4, son 8, son 12, paquetes de harina para una semana”. Pero la superintendencia, junto a la fiscalía determinará cuando se trate de compras “exorbitantes”, a través de un control posterior. Además recordó que el delito de contrabando de extracción contempla entre 10 y 14 años de cárcel.

Según dijo es sencillo determinar cuando se trata de una compra que supera los estándares de consumo, tanto por el supermercado como por el Estado. “Perfectamente puedes identificar cuando estás frente a una compra exorbitante de una persona que se está llevando 24, 30, 35 harinas en una compra, eso de inmediato sale del estándar de consumo y va de inmediato al control posterior, para general el bloqueo”. Los pequeños comerciantes, que adquieren los productos a través de estos establecimientos, tendrían que justificar las cantidades a través de demostración de actividad económica.

Comercios asumirán costos de la captahuella

Serán los establecimientos comerciales los que tendrán que comprar el nuevo sistema para controlar la venta de productos de primera necesidad. Méndez aclaró que el Estado sólo se encargará de facilitar la importación de los equipos “El costo al final lo van a asumir los empresarios, en función de dar más calidad a sus clientes”.
Hasta el momento, según explicó, no se ha determinado la cantidad de equipos necesarios para cubrir todos los comercios. Sin embargo, dijo que en el país hay 400 máquinas disponibles en el mercado nacional.

Así mismo descartó que el registro en la captahuella pueda generar mas cola a los usuarios. Según los resultados recogidos en el estado Zulia, el tiempo promedio es de 40 segundos, máximo un minuto.

Supermercados apoyan el sistema

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), Luís Rodríguez, expresó el respaldo de los agremiados a cualquier iniciativa dirigida a garantizar al consumidor, la posibilidad de comprar los productos que necesite.

“Al final, todos somos consumidores, y todos quisiéramos llegar a una tienda y conseguir el producto y, como digo yo, el establecimiento viene dado cuando tu consigues el producto que quieres, en el lugar que quieres y en el momento que quieres, sin que haya presión”.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas