Las exigencias se orientaron hacia: 1) Derechos laborales 1.791 (40,61%) 2) Demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia un total de 1.044 (23,67%) 3) Solicitud de vivienda digna 996 (22,58%) 4) Exigencias educativas 579 (13,12%).
La investigación determinó que la disminución de 20% de las protestas estuvo relacionada principalmente con dos variables: a) ausencia física del presidente Hugo Chávez en enero y febrero y su posterior fallecimiento en marzo b) campaña y elecciones presidenciales en abril.
La presencia de las huelgas de hambre como expresión radical para exigir derechos se mantiene durante este período, en total 128, 14% menos que en 2012. Es importante destacar que este repertorio de lucha, emergente en los dos últimos dos años, demostró la desesperación de la población venezolana para obtener respuesta de las oficinas de gobierno.
Conflictividad Laboral
En 2013 los trabajadores se mantuvieron en el primer lugar del ranking de las protestas en Venezuela. Aunque en un porcentaje menor que en los últimos dos años, reportando una disminución de 21% en comparación con 2012.
1. Al igual que en 2012 las concentraciones, marchas, cierres de calle, huelgas de hambre, paralizaciones, asambleas permanentes y entrega de volantes fueron algunas de las expresiones de lucha realizadas por trabajadores de empresas públicas y privadas
2. Universidades. Obreros, trabajadores y docentes del sector universitario realizaron numerosas protestas y paralizaciones escalonadas de 24, 48 y 72 horas, para exigir mejoras salariales y pago de deudas. Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria los docentes de las principales universidades autónomas se declararon en paro indefinido. A estas protestas se unieron los estudiantes y egresados universitarios.
3. Paros laborales y huelgas. En junio los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, en el estado Bolívar, realizaron una huelga de más de 10 días para exigir cancelación de pasivos laborales y reenganche de compañeros despedidos. Ante la acción de los trabajadores, el gobierno nacional militarizó la industria. La acción del gobierno fue rechazada por los manifestantes quienes la catalogaron como criminalización del derecho constitucional a la huelga. Luego de la presión de los trabajadores, desde el Ejecutivo se ordenó retirar a los militares y conformar mesas de diálogo y negociación para resolver el conflicto, que fue levantado luego de ciertos acuerdos entre autoridades y dirigentes sindicales.
4. En la misma zona se desarrollaron varios paros laborales de larga duración, destacando el que protagonizaron los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) a finales de año que duró más de 20 días.
5. Criminalización del derecho a la sindicalización y a la protesta. Lejos de mejorar la situación en este aspecto, observamos una tendencia por parte de las autoridades a judicializar a dirigentes sindicales y trabajadores por protestar por sus derechos o por tratar de organizarse en sindicatos.
6. Caso Civetchi. Otro caso que ha llamado la atención ha sido el de ocho trabajadores de la empresa mixta Civetchi (51% de acciones del Estado y 49% en manos privadas), una ensambladora de vehículos con tecnología china ubicada en el estado Carabobo, que están siendo procesados por “extorsión” y están recluidos en el penal de Tocuyito. Los trabajadores y sus familiares han denunciado que les tendieron una trampa cuando estaban formando un sindicato en la empresa.
7. Contratos colectivos. El número de contratos colectivos de trabajadores del Estado sobrepasa los 400, según cifras que aportan las diferentes centrales sindicales. El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que le van a dar celeridad a la discusión y negociación de dichos contratos. Es de prever que, de no darse dicha discusión o de no satisfacer las necesidades de los trabajadores, pueda ser causa de mayor conflictividad en los días por venir.
8. LOTTT: registro obligatorio de sindicatos y visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Venezuela. Estos son dos temas que afectan el curso de la conflictividad en el sector laboral.
9. En noviembre, representantes de las principales centrales sindicales del país asistieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir una acción popular de inconstitucional parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) por considerar que 15 artículos conculcaban el derecho de la libertad sindical. Destacando que el 31 de diciembre de 2013 se vencía el plazo que daba la LOTTT para inscribir a los sindicatos en el Registro de Organizaciones Sindicales.
10. A finales de 2013, se anunció la visita de una misión de la OIT a Venezuela, donde podrían ser escuchados los planteamientos que tanto los trabajadores, como los patronos privados y el Estado puedan hacer. Si se da la visita, es de esperar que temas como el de la libertad sindical, la LOTTT, contratos colectivos, trabajo decente y la criminalización de la protesta y de la huelga estén en el tapete. Todos estos temas, que han generado conflictividad en 2013, podrían motivar tensiones y conflictos en 2014.
11.Campaña “Exige tus derechos”. No hemos observado durante 2013 voluntad política para cesar en el amedrentamiento a dirigentes y trabajadores por protestar y exigir sus derechos. Muy por el contrario, todas las causas abiertas han seguido su curso o se mantienen activas. De ahí que, junto a otras Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones sociales, hemos continuado con la campaña “Protestar no es un delito, es un Derecho” que se ha reforzado durante el 2013 con las campañas “Exige tus derechos” y “Huelga no es Delito”, en vista de la respuesta de las autoridades a diferentes situaciones de paros y huelgas laborales.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reitera la necesidad de establecer políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos para garantizar el desarrollo pleno de la sociedad venezolana. También la importancia de responder de manera oportuna y efectiva a las demandas de la comunidad en las diferentes oficinas de gobierno.
