La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aún no se pronuncia ante el hecho de que Bolivia esté defendiendo la ley que permite a niños y adolescentes trabajar a partir de los 10 años.

Los que se oponen a la ley ven en ella una legalización del trabajo temprano, un incumplimiento del país andino de las convenciones internacionales y un intento de bajar estándares en vez de aplicarlos.

No obstante, la UNICEF y organizaciones europeas de la sociedad civil apoyan la innovadora ley; sobre todo porque permite una mirada realista para visibilizar lo que la prohibición no ha logrado erradicar. En la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, expertos internacionales y el embajador de Bolivia, René Fernández, defendieron la ley.

En Bolivia, como en otros países de América Latina –en donde según la OIT trabajan 13 millones de menores-, la prohibición no sólo no ha dado frutos, sino que tiene el efecto negativo de que los menores siguen trabajando sin protección y se los criminaliza a ellos y a sus padres.

La nueva ley, en vigor desde agosto de 2014, permite laborar entre los 10 y 14 años bajo condiciones especiales. Entre los 10 y los 12, de manera independiente; a partir de los 12 de manera dependiente. Para todos los trabajos, entre los 10 y los 18 años, la voluntad del menor deberá ser tenida en cuenta.

"Para nosotros no se trata de legalizar el derecho de los niños a trabajar, sino de proteger a los niños mientras trabajan", explicaba en un debate con organizaciones europeas Marcoluigi Corsi, representante de UNICEF en Bolivia.

“Debido a que erradicar el trabajo de menores no es posible por el momento, queremos acompañar a Bolivia en este proyecto mientras toma las medidas y crea las estructuras para erradicar las causas que llevan a que los menores tengan que ayudar a sus familias”, agrega el especialista de UNICEF.

Se trata de visibilizar el fenómeno para estudiarlo, para exigir que el trabajo infantil sea remunerado como el de un adulto, para regular sus horas de trabajo, para que tengan protección social y para asegurar su educación. “De no ser así estaríamos creando más inequidad y permitiendo que otros niños caigan en la trampa”, explica Corsi. La media de escolarización en el país andino es de 9 años, de los varones en zona urbana de 15, pero de una niña indígena en zona rural de 3,2.

“Es un ejemplo”, concluye, “de cómo, de los acuerdos internacionales –que son regulaciones generales- se pueden desarrollar reglas que sean válidas para un país específico. La ley boliviana no se puede copiar para otros países, pero es un ejemplo de que se puede intentar encontrar soluciones específicas para un país”.

La idea no es estar en contra de la convención de la OIT, es un compromiso político que intenta cumplir con las regulaciones internacionales. para febrero de 2015, se espera que el organismo se pronuncie al respecto.

Actualidad Laboral / Con información de sdpnoticias.com