El gobierno del Brasil impulsa una reforma en el sistema de jubilaciones bajo la premisa de que hay un riesgo inminente de las finanzas públicas.
Una de las principales medidas de la propuesta consiste en imponer una edad mínima para jubilarse, de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un periodo de transición de 12 años.
Actualmente no exige una edad mínima para el retiro laboral. El régimen actual permite jubilarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, aunque el monto del beneficio mejora para quienes prolongan su vida laboral.
Una cuestión financiera
Los gastos totales de los regímenes de jubilación representaban 13,6% del PIB en 2017 y podrían llegar al 23% en 2060.
El déficit de todos los regímenes de jubilaciones en 2011 equivalía al 2,1% del PIB y en 2017 al 4,25%.
Apenas un 8% de los brasileños tenía en 2015 más de 65 años, pero sus gastos con las jubilaciones del sector privado (7,40% del PIB) eran proporcionalmente similares a los de los países de la OCDE (7,9% del PIB), donde los mayores de 65 años representaban 14,2% de la población.
Una cuestión demográfica
Las proyecciones apuntan a un rápido envejecimiento de la población.
En 2018, un 9,2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25,5%, según proyecciones oficiales.
Una cuestión política
La reforma de las jubilaciones es de tipo constitucional, por lo que requiere una doble votación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con una mayoría cualificada de tres quintos de los escaños en todos los casos.
Los analistas estiman que hay consenso para aprobarla este año, a condición de que los factores políticos no compliquen el proceso. Un proyecto de reforma, que estaba en buena vía, se frustró en 2017 tras el estallido de escándalos de corrupción que llevaron a dos pedidos de inculpación del entonces presidente Michel Temer.
Actualidad Laboral / Con información de Estrategia y Negocios
