La Comisión Europea tiene previsto iniciar esta semana la andadura hacia un salario mínimo europeo, una de las propuestas más destacadas de su nueva agenda social. El mecanismo, que aspira a que en todos los países se fije una remuneración mínima equivalente al 60% del salario medio nacional, forma parte de una batería de medidas que también incluirá la creación de un seguro europeo de desempleo. Objetivo: potenciar la convergencia económica entre los socios de la UE, reducir el riesgo de dumping salarial en un mercado laboral sin fronteras y rescatar a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asignado la cartera de Empleo al socialista luxemburgués Nicolas Schmit, firme partidario de establecer tanto un salario mínimo como un mecanismo de seguro o reaseguro de desempleo. Schmit también defiende la introducción de una renta mínima que garantice a todos los ciudadanos en situación vulnerable unas condiciones de vida dignas.
La propuesta del salario mínimo inquieta en varios países. Los de Europa central y del Este, con costes laborales por debajo de la media, temen que el marco europeo reduzca su competitividad.
El salario mínimo anual neto en países como Polonia, Hungría, República Checa o Eslovaquia no llega a 5.000 euros al año mientras que en Bulgaria o Rumanía ronda los 3.000, según Eurofound, la agencia europea encargada de mejorar las condiciones de vida. Los datos muestran que el salario mínimo en Alemania, Francia o Italia supera los 13.000 euros y en España, los 11.000 euros (12.600 euros brutos anuales o 900 euros en 14 pagas al año).
El salario mínimo europeo también inquieta a los socios comunitarios donde no existe a nivel nacional (como Italia o Chipre) o en los que se fija a través de una negociación colectiva sin intervención de las autoridades (en los países nórdicos). Unos temen verse obligados a adoptar un mecanismo ajeno a su tradición laboral y otros temen que el marco europeo desbarate un sistema que funciona con buenos resultados.
"El objetivo no es fijar un salario mínimo común para toda la UE", tranquilizan fuentes de la Comisión en vísperas de publicar el documento de consulta sobre el futuro mecanismo europeo. "Cualquier propuesta permitirá que los salarios mínimos se fijen de acuerdo con las prácticas tradicionales que tenga cada país, bien sea mediante negociación colectiva o a través de normas legales". Bruselas reconoce que la fórmula de algunos países nórdicos, donde las tasas de afiliación sindical son mucho más altas que en el resto de Europa, ha dado "resultados excelentes". Pero cree que aún así existe margen de mejora en ciertos socios y que el objetivo es que los Estados "tomen nota de las mejores prácticas aplicadas en cada lugar".
A pesar de las señales de calma que emite Bruselas, el proyecto legislativo que se espera concretar dentro de unos meses resulta ambiciosa para muchos países, incluido España. El objetivo de la Comisión es que el salario mínimo alcance en cada país al menos el 60% del salario medio. Un objetivo que el nuevo Gobierno español espera cumplir, como pronto, al final de la legislatura que acaba de arrancar (es decir, en 2024), según el compromiso anunciado por Pedro Sánchez en la sesión de investidura.
Actualidad Laboral / Con información de El País
