“Hay que seguir con las reformas y con su aplicación”. La comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, presentó una batería de cifras que demuestran que España sigue en el furgón de cola tanto en el mercado laboral como en los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad, pero a renglón seguido apuntó la receta de siempre: profundizar en las reformas.

Preguntada por la relación entre las últimas reformas laborales (tres desde que empezó la crisis) y el nivel de precariedad, Thyssen se limitó a asegurar que España “está entre los países en los que las reformas eran más urgentes” y relacionó la mejoría en el empleo con ese impulso reformista. Ni una palabra de la temporalidad, del subempleo o de la tasa de desempleo juvenil, indicadores en los que España, según los propios datos de Bruselas, figura por norma entre los peores países de la UE.

La recuperación va por barrios. El informe que presentó la comisaria belga apunta que España figura entre los países con indicadores sociales más preocupantes. En muchos casos está muy lejos de recuperar los niveles precrisis. Hay un alud de datos demoledor para un país que se recupera a tasas de crecimiento del 3% pero que no termina de trasladar esa mejoría a toda la población. Un solo dato permite contar esa historia: el desempleo en España sigue en el 18,7% —solo Grecia y su crisis oceánica presentan peores números—, mientras que no alcanza el 5% en Alemania, República Checa, Hungría, Malta y Reino Unido. El nivel de empleo sigue siendo muy inferior al anterior a la crisis. En España hay más trabajo a tiempo parcial involuntario (en torno a un 60%), las tasas de temporalidad son las más altas de la UE (10 veces más que en los mejores países) y la economía española figura a la cabeza en subempleo y empleo juvenil, siempre de la mano de Grecia.

Los indicadores sociales son tan preocupantes como los del mercado laboral. El porcentaje de población en riesgo de pobreza sigue al alza: cerró 2016 en el 22,3%, dos décimas por encima del año anterior y cinco puntos por encima de la zona euro, frente a tasas precrisis inferiores al 20%. El impacto de las transferencias sociales en la reducción de los niveles de pobreza deja mucho que desear respecto al resto de la eurozona. Y la desigualdad persiste en niveles muy elevados: el índice Gini (que mide la desigualdad de ingresos dentro de un país: 100 es la desigualdad máxima; una sociedad totalmente igualitaria tendría un índice 0) apenas bajó una décima el año pasado, y se situó en el 34,5, casi tres puntos más que antes de la crisis. La eurozona no tiene esos lacerantes índices de desigualdad: el índice Gini se situó en el 30,8 en 2016, a la altura de 2008.

Actualidad Laboral / Con información de El País