Las plataformas de transporte Uber y Lyft tendrán que clasificar a sus conductores en California como empleados, en virtud de un proyecto de ley aprobado esta semana que podría remodelar profundamente la economía colaborativa y dar ejemplo en el mundo entero.
Los defensores de la llamada "economía gig" -donde los empleados trabajan en contratos a corto plazo y sin beneficios de salud o salario mínimo- dicen que este mecanismo permite flexibilidad, pero sus detractores dicen que priva a los trabajadores de estabilidad y seguridad.
Según el proyecto de ley, los trabajadores en California, el estado más grande de Estados Unidos por su PIB, deben ser designados como empleados y no como contratistas, si su trabajo o desempeño es controlado por la empresa o si son parte del negocio habitual de esa empresa.
La iniciativa, que ha significado una amarga lucha para los gigantes tecnológicos, se aprobó con 29 fotos a favor y 11 en contra en la cámara alta de la legislatura estatal y sienta un precedente que puede copiarse en estados como Nueva York, donde los grupos laborales están presionando por derechos similares para los trabajadores.
"El proyecto de ley agrega una nueva prueba legal al Código Laboral de California que deberá usarse para determinar si a un trabajador se le califica como independiente o empleado", dijo Tony West, director legal de Uber.
Tanto Uber como Lyft se oponen a cualquier cambio en el estatus de sus conductores ya que, según reconocieron en un artículo de prensa, "representaría un riesgo" para el futuro de estas empresas.
Las dos compañías han confirmado que celebrarán un referéndum popular, como permite la ley de California, para "pedir a los votantes que apoyen medidas favorables para los conductores", dijo West.
Pero para Lorena Gonzalez, senadora demócrata del estado de California y autora del proyecto, lo que busca el texto es precisamente proteger a los conductores y forzar a las empresas a pagar sus costes sociales
"No pueden jugar con el sistema al clasificar erróneamente a sus trabajadores".
La cámara baja, que ya aprobó el proyecto de ley, ahora votará las modificaciones presentadas por el Senado, antes de enviarlo al gobernador de California, Gavin Newsom. Debería entrar en efecto el 1 de enero próximo.
Se espera que Newsom firme el proyecto, luego de apoyar la medida la semana pasada en una columna de opinión publicada en el periódico Sacramento Bee.
Las aplicaciones que funcionan sobre la economía colaborativa, en el pasado recibieron el apoyo de economistas liberales y conservadores, pero actualmente enfrentan una creciente presión política. El valor de sus acciones también se ha visto disminuido o estancado ya que los inversores se preocupan por la legislación potencial.
Actualidad Laboral / Con información de Estrategia y Negocios
