Cientos de campesinos indocumentados enfrentan un futuro incierto tras la llegada al poder en enero de Trump, que hizo de la inmigración el centro de su campaña presidencial y ha insistido en que desde el primer día de su administración ordenaría una campaña de deportación masiva, que comenzará por expulsar a aquellos que hayan cometido crímenes y luego ampliará al resto de los inmigrantes irregulares en el país.

En Florida, aproximadamente el 44,36 % de la superficie del estado se dedica a actividades agrícolas, de acuerdo con datos del gobierno estatal. El área de Homestead alberga un gran número de tierras para este tipo de industria.

Según el Instituto de Política Migratoria de EEUU, se estima que unos 455.000 migrantes indocumentados trabajan en Florida. De ellos, el 24 % trabaja en la construcción, el 17 % en tareas administrativas o del hogar, el 15 % en el área de servicios de comida, el 9 % en tiendas y el 8 % en otros servicios.

Una inmigrante indocumentada, consultada por la Voz de América, asegura que muchas de las personas que se encuentran en su misma situación se enfrentan a la incertidumbre de quedarse o marcharse.

"A mí, (muchos) ya me han dicho que tienen pensado irse de Florida para establecerse en ciudades santuario o, incluso, a otros países por lo que pueda pasar", explica señalando que "es la primera vez que estoy sintiendo miedo por esta situación" y que "no nos merecemos esto porque estamos haciendo el trabajo que otros, con papeles, no quieren hacer".

"No todos somos criminales, no todos venimos a pedirle nada a él", dijo otra mujer, también bajo anonimato, en respuesta a las intenciones planteadas por el próximo gobierno estadounidense.

Deportaciones masivas

El presidente electo Donald Trump ha delineado una serie de políticas migratorias que planea implementar en su segundo mandato, entre las que se estaría planteando “llevar a cabo la operación de deportación interna más grande en la historia estadounidense”, según afirmó durante la campaña electoral.

Esto implicaría un aumento significativo en las redadas y detenciones, incluso en lugares previamente considerados sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias. La eliminación de restricciones que impedían detenciones en estos lugares genera temor en las comunidades inmigrantes.

"El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen contundente, dándole un mandato para implementar las promesas que hizo durante la campaña. Él cumplirá", dijo Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump, en una declaración pública.

A pesar de que Trump ha prometido llevar a cabo una operación de deportación sin precedentes, el propio presidente ha admitido que llevar a cabo este plan será dificultoso.

"Es algo muy difícil de hacer. Ya sabes, hay reglas, regulaciones, leyes", dijo el presidente electo durante una entrevista con NBC News, aunque convencido de que "hay que hacerlo".

Esa postura también ha provocado el recelo de varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

"Esto no sólo va a atacar a los inmigrantes, esto va a atacar al país. Hay mucha gente trabajando en los campos de cultivo y los servicios. Eso ya lo vimos acá en la Florida con la ley anti-inmigrante SB 1718, que atacó la economía de este estado y provocó que mucha gente se fuera”, dijo María Bilbao, portavoz de la organización American Friends Service Committee, que aboga por los derechos de los migrantes sin documentos.

Bilbao considera que “esto es de una crueldad sin precedentes” porque “Trump ha dicho que no separará familias, sino que pretende deportar a todos juntos”, a pesar de que no ha detallado cuál es su plan específico para ello. “Es como regocijarse en ser más y más cruel”, expresó.

En esa línea, la activista advirtió que tienen la intención de iniciar movilizaciones para frenar estas políticas. Otras organizaciones han asegurado que presentarán desafíos a estas medidas en tribunales.

Frente a la implementación de las promesas de Trump, localidades conocidas como "ciudades santuario" para inmigrantes han comenzado a prepararse. Ciudades como Los Ángeles, que recientemente adoptó oficialmente ese título, insisten en que no cooperarán con las autoridades federales de inmigración en las operaciones y redadas.

Impacto económico

La deportación de millones de inmigrantes tendría consecuencias económicas significativas, reiteran expertos. Estos contribuyen sustancialmente a la economía estadounidense a través de su participación en la fuerza laboral y el pago de impuestos.

Su expulsión podría “resultar en una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) y una reducción en los ingresos fiscales, afectando la financiación de programas de salud y otros servicios públicos”, apuntó Tulio Rodríguez, licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y fundador de la consultora Kores en EEUU.

El número de inmigrantes no autorizados en la fuerza laboral de EEUU ha registrado un incremento significativo en los últimos años. Un informe del Centro de Investigación Pew concluyó que en 2022 ese segmento de población pasó de 7,4 millones de personas en 2019 a 8,3 millones, alcanzando niveles históricos que no se veían desde 2008 y 2011.

Esta cifra representa aproximadamente el 4,8 % de la fuerza laboral total en el país, lo que pone de manifiesto el papel “sustancial” que juegan los inmigrantes indocumentados en el mercado laboral estadounidense. Los datos del informe reflejan una tendencia en aumento y la persistencia de estos niveles de participación en medio de cambios económicos y políticos en Estados Unidos.

Además, su papel en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios, sigue siendo crucial para muchas industrias, destacando la dependencia del país de estos trabajadores.

En ese sentido, especialistas en el área sostienen que de eliminarse o decrecer considerablemente esta fuerza de trabajo, los salarios podrían incrementarse en muchas actividades. “Si ese cambio es de 180 grados y comenzamos a sacar a la gente de manera masiva, eso también tiene un impacto ya que hay que recordar que este país es netamente de inmigrantes”, indicó Rodríguez.

Un impacto probable de estas medidas será una subida en los precios para los consumidores estadounidenses, ya que muchas empresas suelen trasladar estos costos a los compradores.

Otras medidas migratorias

Trump ha manifestado su intención de eliminar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que protege de la deportación a más de medio millón de jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers".

Durante su primer mandato, intentó rescindir este programa, pero fue bloqueado por la Corte Suprema en 2020. La eliminación de DACA no solo expondría a estos jóvenes a la deportación, sino que también les privaría de permisos de trabajo, afectando su acceso a servicios de salud y estabilidad económica.

Sin embargo, en la misma entrevista con NBC News, el presidente electo aseguró que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para proteger a los "dreamers" y agregó que los republicanos están abiertos a la idea.

Se anticipa también que la nueva administración buscará reducir las vías de inmigración legal, incluyendo programas de reunificación familiar, protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de parole humanitario para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, implementado por el presidente saliente Joe Biden para reducir las llegadas a la frontera de estos grupos.

La eliminación o restricción de estos programas podría resultar en la separación de familias y la deportación de individuos a países donde enfrentan condiciones peligrosas, exacerbando problemas de salud mental y física entre las comunidades inmigrantes.

Con todo, María admite que "no hay que perder la esperanza" y confía en que haya mecanismos legales para poder disputar su situación por la vía legal.

"No lo damos por perdido, nos dicen que tenemos que esperar a ver qué leyes propone Trump y, en ese entonces, ver qué soluciones legales hay", concluyó la inmigrante, según lo recomendado por varios asesores legales.

Actualidad Laboral / Con información de Voz de América