El Estado venezolano, desde 2008, implementó el Sistema Integral de Control Agroalimentario, o más conocido como “la guía SICA”, y que diseñó el hoy ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Es un documento que contiene la información de lo que produce y distribuye cada empresa. En el caso de Alimentos Polar, se elaboran 2.250 guías al día, 56 mil al mes de los productos que elaboran y envían a distribuidores o comercios.

El presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea), Pablo Baraybar, negó la posibilidad de que se desvíe la mercancía, cuando es transportada, por orden de la industria. “Cada producto sale una factura, sale una guía, es decir, se sabe exactamente qué se despacha, cuánto, a qué precio, a quién; y no solamente se pone eso en la guía, se pone el chofer del camión, y la placa del camión, el registro del camión ¿qué más se necesita del control?”.

Y, en cada punto de control o alcabala de las carreteras, los vehículos y los documentos son revisados por las autoridades. En caso de alguna irregularidad, explicó el dirigente empresarial, la mercancía es decomisada. “Las industrias no nos podemos arriesgar a que salga un camión sin guía; cuando la guía no sale porque el sistema no funciona, cosa que ha pasado en los últimos 3 meses con alguna frecuencia, los camiones no salen”.

Así aclaró los señalamientos que han hecho en las últimas semanas altos funcionarios gubernamentales sobre las supuestas irregularidades en la distribución de alimentos, como es el caso del vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, a quien Cavidea solicitó, este jueves, una reunión urgente para discutir y buscar soluciones los problemas de escasez que hay en el país.

“El problema principal no es a dónde va la mercancía, el problema principal es que no alcanza, el problema principal es que tenemos que producir más”, advirtió el máximo vocero de Cavidea. Y ello pasa porque se les asignen las divisas necesarias para importar materia prima.

Según la información que tiene este gremio, la deuda con los proveedores internacionales, asciende a 1.020 millones de dólares. “Lo que se debe, solamente es el 12,78% de los 8 mil millones” de lo asignado por el Estado para el sector alimentos, por ello propone que se destine ese monto para comprar materia prima.

En esas mesas técnicas que solicita esta representación empresarial al Gobierno, están dispuestos a presentar una lista de productos que se pueden importar a otro tipo de cambio, y no a 6,30 Bs/USD. Esto sería maquinaria, equipos, repuestos, entre otros rubros, no así materia prima; pero advirtió que tendría un impacto en los costos de producción, por lo que deberían ajustar los precios controlados.

“Se presenta esto como si el empresario estuviera aprovechándose de un dólar a 6,30, el que decide el dólar a 6,30 es el gobierno, no el empresario”, aclaró. Así mismo recordó que la industria de alimentos recibe 5 mil inspecciones cada año, por diferentes organismos como la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde), Seniat, Sebin, Sunagro, Consejos Comunales, entre otros.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas