Hasta un 20% más de ingresos que sus pares de igual nivel educacional puede obtener un funcionario público que accede a un cargo para el cual no está calificado, realidad que cuentan 74.920 personas de la administración gubernamental.
Eso se desprende de un estudio del economista de la Pontificia Universidad Católica, Juan Bravo, que estimó que un 10,2% de los 737.117 asalariados del sector público que se desempeñan en empleos de alta calificación tienen sólo estudios de enseñanza media, y no de educación superior como lo exigiría el cargo que ocupan.
Tomando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para el trimestre julio-septiembre 2020, el investigador determinó el descalce de los empleos según la clasificación fijada por la OIT que mantiene el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Existe, por un lado, el nivel educativo del trabajador y, por el otro, un nivel de calificación que el empleo requiere en función de la complejidad y rango de las tareas, los cuales se ordenan en 9 categorías”, explica.
Es así como los empleos de alta calificación se agrupan en 1, 2 y 3 categorías a la cual pertenecen los directores, gerentes y administradores; profesionales, científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de nivel medio. La mediana calificación comprende a los trabajadores en los grupos del 4 al 8 como personal de apoyo administrativo; trabajadores de servicios y vendedores; agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; artesanos y operarios de oficios; operadores de máquina y ensambladores. Y en el último grupo, el 9, de baja calificación se cuenta a las ocupaciones elementales.
Bajo esta lógica, los asalariados públicos con hasta educación media que se desempeñan en empleos de alta calificación ganan en promedio $620.682 mensual, un 20,2% más que el promedio de $516.205 que obtienen sus iguales que trabajan en empleos correspondientes a mediana o baja calificación acorde con su nivel de preparación.
“Para evaluar si el Estado es eficiente en el uso de los recursos, una parte es la evaluación de los programas públicos, y otra muy importante es la política de contratación de los recursos humanos, ya que el ítem de salarios es muy relevante. Un elemento esencial para el uso adecuado de los recursos públicos es que en los cargos de más responsabilidad estén las personas más idóneas. Las ineficiencias que provoca ese descalce son pagadas por todos los contribuyentes”, sostiene Bravo.
Entre las hipótesis de Bravo para explicar por qué ocurre este descalce, menciona la experiencia laboral y las designaciones personales. “Como no todos los cargos en el sector público se eligen por sistemas concursables, muchas veces en los cargos de confianza hay espacios para elegir a dedo, y se nombran a personas porque son conocidas aunque no necesariamente tengan los niveles educativos acordes para el puesto”, subraya.
Actualidad Laboral / Con información de La Tercera
