La nueva política es una 'modernización' de un reglamento vigente desde 1974 que permitirá al gobierno federal colectar y usar la información publicada en redes sociales para decidir el futuro de un caso migratorio.

¿Qué dicen las nuevas medidas?

El nuevo reglamento anuncia que las distintas agencias del DHS (la Oficina de Inmigración y Aduanas –ICE-, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo –CBP- y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración –USCIS-) podrán extender el sistema de registros para poder recopilar datos de cualquier inmigrante en Estados Unidos. Eso incluye a extranjeros que entraron de forma legal, residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses naturalizados.

¿Qué tipo de información nueva colectará el DHS?

El anuncio dice que el DHS (y sus agencias) recolectarán información a partir de los perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en internet. No especifica si para recopilar datos el gobierno pedirá autorización a los dueños de las cuentas, lo hará a través de las compañías tecnológicas que administran las redes sociales o directamente a través de alguna herramienta que se lo permita.

¿Qué quiere el DHS y qué datos reclama para elaborar perfiles?

El gobierno quiere aumentar su capacidad para recolectar y almacenar datos “de conformidad con los acuerdos de intercambio de información”, e incluir “identificadores de medios sociales y alias, información identificable asociada y resultados de búsqueda” en los archivos del inmigrante en poder del DHS.

¿Es legal que el gobierno quiera esta información?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a Univision Noticias que, en su capacidad de aplicación de la ley y el proceso migratorio, “ha supervisado y sigue supervisando medios de comunicación públicamente disponibles para proteger a la patria”, en referencia a las redes sociales. Agrega que se trata de un esfuerzo “para ser transparente” y para “cumplir con las regulaciones existentes”.

¿Tiene el gobierno nuevas herramientas para la búsqueda y almacenamiento de datos?

En su respuesta, el DHS precisa que “debido a las actualizaciones en el sistema electrónico de inmigración, decidió actualizar su correspondiente sistema de registros de la Ley de Privacidad”, y que por ese motivo “publicó el aviso el 18 de septiembre, para cumplir con requisitos legales”.

¿Todos se verán afectados por los cambios a la política de almacenamiento de datos?

Sí. De acuerdo con la propuesta, podrían verse afectados todos aquellos que solicitan beneficios migratorios otorgados por la USCIS, pero también residentes legales y ciudadanos estadounidenses naturalizados. El DHS dice además que la vigilancia servirá para impedir que las personas obtengan fraudulentamente beneficios de inmigración y negar las solicitudes de individuos que plantean amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública.

¿Dónde será guardada la información que recolecte el DHS?

La propuesta asegura que será guardada en una red electrónica clasificada.

¿Quiénes tendrán acceso a esta información?

El gobierno dice que la información que sea almacenada será compartida por todas las agencias bajo el mando del DHS (ICE, CBP, USCIS). Y que el denominado Sistema Nacional de Rastreo de Archivos puede ser compartido con otros componentes del DHS "que necesitan conocer la información para llevar a cabo sus funciones de seguridad nacional, policía, inmigración, inteligencia u otras funciones de seguridad nacional", advierte.

¿Quiénes son las personas sujetas a ser vigiladas bajo las nuevas reglas?

• Ciudadanos estadounidenses naturalizados.


• Residentes legales permanentes.


• Cualquier individuo que solicite un beneficio migratorio bajo la Ley de Inmigración (INA) a nombre de otra persona.


• Las personas que actúan como guardianes legales o representantes designados en procedimientos de inmigración que involucran a una persona que tiene una discapacidad física o de desarrollo o impedimento mental (según lo autorizado por el INA).


• Personas que reciben beneficios bajo la Ley de Inmigración (INA).


• Personas que están sujetas a las disposiciones de aplicación de la Ley de Inmigración (INA).


• Personas que están sujetas a la INA o se encuentran bajo investigación por posibles amenazas a la seguridad pública.


• Personas que fueron investigadas por el DHS en el pasado.


• Personas sospechosas de haber violado disposiciones civiles relacionadas con tratados de inmigración, estatutos, reglamentos, órdenes ejecutivas o proclamaciones presidenciales administradas por el DHS.


• Testigos e informantes que tienen conocimiento de tales violaciones.


• Familiares y asociados de cualquiera de las personas mencionadas anteriormente sujetos a la Ley de Inmigración (INA).


• Personas que han renunciado a la ciudadanía estadounidense.


• Médicos autorizados para certificar exámenes clínicos para beneficios de inmigración.


• Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que certifican la cooperación de un solicitante de beneficios en la investigación o el enjuiciamiento de una actividad delictiva.


• Gestores o preparadores que ayudan a un individuo que busca un beneficio de inmigración.


• Intérpretes que ayudan a una persona que busca un beneficio de inmigración.


• Abogados representantes legales reconocidos por la USCIS o acreditados por la BIA.

¿Qué dice la ACLU?

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) ha advertido que “hoy en día, la privacidad se enfrenta a las progresivas amenazas de un creciente aparato de vigilancia que a menudo se justifica en nombre de la seguridad nacional”.

La ACLU agrega que “numerosos organismos gubernamentales –incluyendo la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias estatales y locales de aplicación de la ley– se inmiscuyen en las comunicaciones privadas de ciudadanos inocentes, acumulan vastas bases de datos de personas a quienes llamamos y luego las clasifican como "actividades sospechosas" basadas en "estándares vagos”.

Según esta organización, “la recolección del gobierno de esta información sensible es, en sí misma, una invasión de la privacidad. Pero el uso de estos datos también está lleno de abuso.

Los datos inocuos se introducen en listas de observación abultadas con graves consecuencias: por ejemplo, individuos inocentes se han visto incapaces de abordar aviones, tienen prohibido desempeñar ciertos trabajos, les han cerrado sus cuentas bancarias y repetidamente son interrogados por las autoridades".La ACLU dice además que, una vez la información está en manos del gobierno, “se puede compartir ampliamente y conservar durante años, y las reglas sobre el acceso y el uso se pueden cambiar enteramente en secreto sin que el público nunca se entere”.

“Nuestra Constitución y sistema democrático exigen que el gobierno sea transparente y responsable ante la gente, no al revés. La historia ha demostrado que las herramientas de vigilancia secretas y poderosas serán utilizadas casi seguro de forma abusiva con fines políticos y se usarán desproporcionadamente en contra de minorías desfavorecidas”, subraya.

El grupo de derechos civiles teme que la puesta en vigor de este tipo de medidas active un estado de vigilancia que “viole nuestros derechos a la privacidad, la libertad de expresión, el debido proceso y la libre asociación”, y también contribuya con la “estigmatización de activistas y comunidades minoritarias que son objeto de una vigilancia desproporcionada” por parte del gobierno.

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