“He sentido rechazo y xenofobia por el hecho de estar embarazada. De hecho, una de las cosas que me dijeron cuando supieron de mi embarazo fue: ‘Ahora sí pareces venezolana’”, contó Jaramis Moncada, de 31 años, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en 2019. Ella llegó a Colombia de Barquisimeto (Venezuela) y estaba embarazada de mellizos, y no tenía acceso a controles prenatales. “Aceptan hacernos un control a las mujeres en embarazo a las 37 semanas. ¿Cómo previenen una preeclampsia si nos quieren atender finalizando el embarazo?”, es la pregunta que se hace Moncada y miles de venezolanas en la región. De los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, poco más de 800.000 son mujeres. Y aunque es difícil saber cuántas de ellas son mujeres gestantes, una encuesta realizada por Acnur entre 3.100 hogares en julio de 2020, arrojó que en el 28 % de los hogares de migrantes o refugiados hay al menos una mujer embarazada y/o lactante.

Los hogares de familias migrantes con jefatura femenina son más vulnerables, advirtió Acnur en la encuesta. Tienen mayor porcentaje de personas en situación de discapacidad (11 %), están más propensas a no tener ingresos (11 %) y resultan con más problemas de alimentación: el 28% de hogares con jefatura femenina tienen tres comidas al día vs. el 37% de los hogares encabezados por hombres. A esto se suma que más del 79% de las migrantes venezolanas, están en riesgo de desalojo o han sido desalojadas. Y no solo eso, el 45% de ellas no tienen visa ni permiso de residencia en varios países de la región, lo que impide que muchas tengan acceso a servicios de salud, según datos de R4V, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, liderada por Acnur y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Samantha Dorado, oficial de Protección para la Violencia Basada en Género de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), habla con El Espectador sobre los riesgos que enfrentan las venezolanas en Colombia y lo difícil que puede resultar para ellas salir de un círculo sin fin de violencia. Al tener escasos medios de vida, es difícil conseguir alimento y alojo, tanto para ellas como para sus hijos. Esto las expone a diferentes tipos de violencia, al no tener un espacio donde alojarse. Incluso, muchas de ellas se ven obligadas a vivir hacinadas y sin acceso a servicios básicos como agua potable, algo que se vuelve indispensable en tiempos de pandemia.

 ¿A qué se enfrentan las mujeres venezolanas gestantes al llegar a Colombia?

Es complicado, porque de acuerdo con lo que dice la ley en el país, todas las personas tienen derecho a servicio médico de urgencia. Pero estos servicios no incluyen los controles prenatales y posparto. Hay muchas barreras para que ellas puedan acceder a estos servicios, y llevar un embarazo con controles y sin riesgos. Además, muchas de estas mujeres tienen condiciones de salud previas, como desnutrición, anemia, estrés, ansiedad y todo lo que conlleva dejar su país. A esto se suma que la mayoría de las venezolanas en Colombia, lamentablemente, no pueden acceder a trabajos formales y el dinero que reciben muchas veces no alcanza para cubrir los costos para las consultas médicas. Hemos detectado que también hay mucha discriminación. Nos han comentado que les dicen que solo vienen a Colombia a tener a sus hijos o a veces les niegan los servicios hasta el último momento, antes de tenerlos.

¿Hay diferencias entre la migración femenina y masculina?

Las mujeres enfrentan violencias basadas en género, sobre todo riesgo de trata con fines de explotación sexual, que se incrementa hacia mujeres y niñas. El 60% de las venezolanas han experimentado violencia sexual en su tránsito, según la Defensoría del Pueblo, sobre todo cuando pasan por las trochas. El año pasado hubo bastantes desalojos de población venezolana a raíz de la pandemia; de los cuales, más de la mitad fueron de madres cabeza de familia: un 54% de hogares tienen jefatura femenina y, de ellos, 15% fueron mujeres gestantes y lactantes, de acuerdo con cifras proporcionadas a Acnur. Además, las mujeres están aún más en riesgo de tener un trabajo sin medidas de seguridad, mayor explotación y menor salario. El panorama es mucho más complicado para ellas por todas las estructuras históricas patriarcales y las violencias estructurales.

¿Qué pasa con el trabajo sexual y la migración?

Otra situación que lamentablemente estamos viendo con esta crisis, más que todo con mujeres y con población LGBT, es que tienen que recurrir a mecanismos negativos de supervivencia por falta de oportunidades laborales formales. Esos mecanismos están relacionados con la venta o intercambio de sexo por supervivencia. Por ejemplo, en la zona fronteriza en Norte de Santander hay estudios que reportan un alto nivel de mujeres migrantes y refugiadas que han tenido que recurrir a esto, lo que las expone a riesgos de seguridad y salud; hay que tener en cuenta que el acceso a métodos de control sexual son limitados. En general, todos los puntos fronterizos, sobre todo en el paso por las trochas, la situación es complicada, y el peligro aumenta en los sitios donde hay grupos armados. Supimos de casos en los que niñas, niños y mujeres que vienen de Venezuela, fueron afectados por este contexto de conflicto armado, tanto por explotación o abuso sexual.

¿La xenofobia afecta más a las mujeres?

Las discriminaciones son acumulativas, por lo que una mujer venezolana llega a sufrirlas más que otro tipo de población por el simple hecho de ser mujer. Además, las redes sociales han acrecentado los estereotipos que están relacionados con la hipersexualización de la mujer venezolana. Se tiene la idea de que todas las mujeres venezolanas están involucradas en la venta y el intercambio de sexo como mecanismo de supervivencia. Además, muchas mujeres nos comentan que cuando van a buscar un trabajo les niegan el poder emplearse, en parte por la falta de documentación. Pero con todo y documentos, les dicen que no, por ser venezolanas. Ellas suelen recibir menos paga haciendo más horas de trabajo, y también se han reportado casos de acoso sexual por parte de los patrones.

¿El Estatuto de Protección para los Migrantes resolverá alguno de estos problemas?

Esperamos que todos estos vacíos y barreras se puedan subsanar con la entrada del decreto. Esto va a dar una oportunidad a las mujeres y a las niñas de tener una documentación de instancia regular temporal, lo que les va a permitir acceder a servicios, derechos, a poder encontrar trabajo formal, y no quedarse en la irregularidad que trae tantos peligros. Esto abrirá la posibilidad de acceder a salud, a educación, a capacitaciones y a medios de vida para tener un espacio de alojamiento seguro. No olvidando que muchas de estas mujeres tienen necesidades de protección internacional, y pueden solicitarlo en condición de refugiadas.

¿Hay programas de atención para ellas?

En el trabajo que hacemos en Acnur, y con los socios con los que trabajamos, que son organizaciones de la sociedad civil, y la defensoría pública, hay distintos programas para mitigar los riesgos. Por ejemplo, en el tema de salud sexual y reproductiva, trabajamos con Profamilia en programas tanto de detección de enfermedades de transmisión sexual, como controles prenatales, temas de planificación familiar y menstruación. De hecho, estamos haciendo un piloto para probar las copas menstruales con grupos focalizados en las distintas oficinas.

Para el asunto de violencia basadas en género, tenemos un programa con la Defensoría del Pueblo que lo llamamos las duplas psicojurídicas, en el que en distintos territorios dan atención legal y psicológica a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia. Esto funciona para venezolanos y colombianos. También trabajamos para fortalecer las organizaciones de base comunitaria en los territorios, tanto de comunidad de acogida como organizaciones de mujeres venezolanas que se apoyan entre ellas en un sinfín de temas: violencia, medios de vida, capacitaciones, cuidado de los niños, empleo. Esto es importante para fortalecer la redes de apoyo.

Líneas de atención para mujeres migrantes en caso de violencia

Sin importar la situación migratoria, existe el derecho a atención, protección y orientación. Todo funcionario del Estado debe velar por la vida y brindar información adecuada a cualquier mujer migrante. Aquí algunas líneas de atención:

- Línea de atención nacional: 155 .

- Cartagena: Oficina para Asuntos de la Mujer (6617200 – 6411370 Ext. 2234) .

- Riohacha: Hospital Nuestra Señora de los Remedios (3113394655) .

- Cali: Procuraduría de Infancia, adolescencia y familia: (3908383 Ext. 22502) .

- Medellín: Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (6048634) .

- Arauca: Hospital San Vicente de Arauca (8852024) .

Para consultar más información: https://somospanascolombia.com/valientes .

Actualidad Laboral / Con información de El Espectador