Las negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea comenzaron de lleno el lunes, y las partes parecían muy lejos de alcanzar un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos para cuando el Brexit entre en vigor en menos de dos años.

Tras un encuentro inicial en junio, en el que se estableció la estructura de las conversaciones, el ministro británico para el Brexit, David Davis, se reunió en Bruselas con el negociador en jefe de la UE para el mismo asunto con vistas a las conversaciones actuales, que se extenderá por cuatro días.

Los derechos de los ciudadanos son uno de los tres aspectos principales que tienen que ser resueltos antes de que las partes comiencen sus conversaciones sobre un acuerdo amplio de libre comercio. Los otros dos son los pagos que Gran Bretaña tiene que hacer para cumplir sus compromisos actuales con el bloque y el asunto de la frontera de Irlanda.

En su propuesta, Gran Bretaña ofrece a los nacionales de la UE que hayan vivido en Gran Bretaña durante al menos cinco años (a partir de una fecha sin especificar) el derecho a vivir, trabajar y tener prestaciones sociales.

Se calcula que tres millones de nacionales de la UE viven en Gran Bretaña y todos tendrán que solicitar de manera individual permiso para quedarse. Se desconoce la situación que afrontarán las personas que hayan estado menos tiempo en Gran Bretaña o qué derechos tendrán los miembros de las familias.

Funcionarios europeos han dicho que la propuesta británica de otorgar a los ciudadanos de la UE la “condición de asentados” es insuficiente. El Parlamento europeo advirtió la semana pasada que podría vetar el acuerdo final si Gran Bretaña no otorga más derechos a los ciudadanos de la UE que elijan quedarse en Gran Bretaña después del Brexit, que dará inicio en marzo de 2019.

Actualidad Laboral / Con información de AP