Silenciados y amenazados permanecen los 80 propietarios y trabajadores de los 7 comercios que fueron expropiados el lunes, por decreto de la Alcaldía de Libertador, en las cercanías de la Plaza El Venezolano.
Desde hace una semana, luego de ser notificados por la Policía Municipal, los artesanos y dueños de los locales tomados en San Jacinto reciben la visita diaria de un grupo de colectivos y funcionarios de la alcaldía. Además de obligarlos a mudar la mercancía en 24 horas, les prohibieron dar declaraciones.
Carlos Julio Rojas, Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que el acoso también está dirigido a los dueños de otros locales que no fueron incluidos en el proyecto denominado “Zona de desarrollo especial, cultural, turístico y socioeconómico del casco histórico de Caracas”, que se hará con el apoyo del gobierno del Distrito Capital. “Les cobran vacuna para no expropiarlos. Los extorsionan pidiéndoles dinero o mercancía, con el amparo de la alcaldía. Ahora viven con miedo”.
A siete días del desalojo, la alcaldesa Érika Farías se mantiene en silencio. Los afectados no tienen información del proyecto y tampoco han recibido indemnización. El martes, en una reunión en Parque Central la alcaldía les ofreció una caja Clap, 700.000 bolívares y la posibilidad de un empleo. “A quienes estaban consternados les dijo que se fueran para el imperio”, informó.
El 24 de abril empezó la mudanza forzada en los alrededores de la casa del Libertador, dentro del Conjunto Urbano de San Francisco, declarado Bien de Interés Cultural en 1999. Un cargamento de cajas y mercancía fue trasladado, aparatosamente, en camiones de la alcaldía. Piñaterías y locales que desde hace más de 30 años formaban parte de la memoria colectiva, fueron objeto de la medida que busca promover “la rehabilitación, revitalización y recuperación del casco histórico de Caracas”.
Entre los comercios expropiados destaca el restaurante La Atarraya, icono cultural de la ciudad con más de 60 años de historia como centro gastronómico de disfrute y reunión familiar. “Esto es un golpe a la memoria histórica. Un desconocimiento al poder popular” afirmó Rojas.
Actualidad Laboral / Con información de El Nacional
