La Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, emitió un comunicado a la opinión pública en el que dan a conocer su postura ante la crisis institucional del país y señalan que "la sola e innecesaria discusión pública de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desvía el foco de los problemas reales que enfrenta el país", por lo que no apoyan esa convocatoria.

Además condenan "la represión salvaje que ha utilizado el Ejecutivo nacional, mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recurriendo a tácticas de guerra en contra de una población cuyas únicas armas son sus valores democráticos y su convicción".

Conindustria exige la "celebración inmediata de elecciones para los cargos de: presidente de la República, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y que éstos, a su vez, procedan –tal y como lo establece nuestra legislación- a la designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela".

A continuación el comunicado completo:

COMUNICADO

Luego de casi dos meses de protesta ciudadana como reacción a la ruptura del hilo constitucional y al desconocimiento de la autonomía y separación de los Poderes Públicos, lo que ha generado una conmoción política en el país; y ante la profundización de la crisis económica que empobrece cada vez más a la población, la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, quiere hacer del conocimiento público nuestra posición:

1. Nos preocupa profundamente la poca capacidad de producción industrial en Venezuela, que es el resultado de un modelo económico fracasado que se viene aplicando desde 2003, y sobre cuyos efectos hemos venido alertando insistentemente sin lograr una respuesta positiva por parte de quienes conducen la política económica del país. Este modelo económico fracasado –caracterizado por controles de precios y de cambio, expropiaciones y confiscaciones de empresas, así como fiscalizaciones excesivas- provocó una caída de 32% de la producción industrial entre 2012 y 2016, lo que se ha traducido en escasez de alimentos y bebidas, medicamentos, productos de higiene personal y del hogar, vehículos y repuestos automotrices, ropa y calzados, artículos de oficina y de uso escolar, entre muchos otros; así como una inflación de 700% en 2016 y de 6.925% entre 2012 y 2016, según análisis y proyecciones de expertos en materia económica.

2. Este proceso de destrucción de la industria venezolana hizo que pasáramos de 12.000 empresas en 2008 a unas 4.000 en la actualidad, lo que generó que nuestra economía dependiera casi exclusivamente de los ingresos por concepto de la renta petrolera y el abastecimiento de bienes se materializara a través de importaciones masivas que, hoy en día con los actuales precios del petróleo, no son posibles.

3. El resultado del deterioro de la industria, tanto la privada como la del Estado (incluyendo la petrolera), se tradujo no sólo en menos producción de bienes, sino también en pérdida de empleos de calidad, y empobrecimiento general de la población, al punto que hoy en día hay ciudadanos que solo comen una vez al día.

4. Todo esto es producto de la imposición de un modelo económico equivocado y del desconocimiento de los principios establecidos en la Constitución. Nuestra Carta Magna consagra que el Estado, junto con la iniciativa privada, promoverán el desarrollo armónico de la economía (artículo 299), pero se ha demolido la iniciativa privada; establece que el Estado no gastará más de lo que le ingrese (artículo 312), pero ha gastado y derrochado mucho más; establece el derecho al trabajo (preámbulo) pero ha cerrado fuentes de empleo; establece el derecho a la libertad (artículo 1), pero conculca los derechos de los trabajadores públicos; establece pluralismo político (artículo 2), pero persigue a la disidencia; establece el respeto por los derechos humanos (preámbulo), pero reprime con tácticas de guerra; establece el derecho a la propiedad (artículo 115), pero expolia bienes.

5. En consecuencia, exigimos que el gobierno cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución nacional vigente y no intente reemplazarla. La sola e innecesaria discusión pública de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desvía el foco de los problemas reales que enfrenta el país, que son la falta de producción, la inseguridad personal y jurídica, así como la obstrucción de los mecanismos para la sustitución de los funcionarios públicos y la vigencia plena de la democracia. En esta exigencia nos unimos a lo manifestado por las iglesias, los estudiantes, los trabajadores, las academias, los colegios profesionales y millones de ciudadanos que se manifiestan públicamente por cuenta propia.

6. Aplaudimos la manifestación pública de la Fiscalía General de la República en contra de la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, mostrando esta institución la autonomía e independencia que los ciudadanos insistentemente le hemos reclamado.

7. Por otra parte, consideramos imperativo condenar la represión salvaje que ha utilizado el Ejecutivo nacional, mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recurriendo a tácticas de guerra en contra de una población cuyas únicas armas son sus valores democráticos y su convicción. Casi dos meses de protestas ciudadanas demuestran la ausencia del mecanismo electoral como herramienta esencial para dirimir conflictos. Casi dos meses de protestas ciudadanas demuestran que los venezolanos no están dispuestos a la sumisión y que, por el contrario, serán protagonistas de su futuro, un futuro construido sobre la base de consensos.

8. Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, exigimos que se abran los mecanismos para la celebración inmediata de elecciones para los cargos de: presidente de la República, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y que éstos, a su vez, procedan –tal y como lo establece nuestra legislación- a la designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela.

El país necesita con urgencia un cambio. Se requiere del regreso a la institucionalidad, del respeto pleno a la libertad de expresión, económica y libre iniciativa privada; establecimiento de una economía de mercado que permita aumentar la producción y el empleo; reconocimiento al mérito individual. Necesitamos un país de progreso y bienestar para todos, para lo que hacen falta muchas empresas. Un país es tan grande como sus industrias.

Caracas, 24 de mayo de 2017

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