11-06-2014
El Consejo de Economía Nacional considera que es necesario instrumentar una estrategia económica que atienda el desbalance que en este momento se registra entre la demanda y la oferta del país, para poder retomar el camino del crecimiento económico con estabilidad.
En un documento titulado “Consideraciones acerca del ambiente económico y opciones de política”, esta instancia expresa que el entorno recesivo, la inflación y la escasez que experimenta la nación, han sido motivados por una política fiscal expansiva, que estimula la demanda de bienes y servicios, demanda que no puede ser atendida por la oferta, debido a la restricción de importaciones y a factores que han afectado la actividad privada como el control de precios, el diseño de política cambiaria y los costos laborales que ha implicado la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Este consejo sostiene que “se hace indispensable la coordinación de política económica en el corto plazo”. Expresa que en este momento se le presentan dos opciones a las autoridades. La primera implica una reducción de la capacidad de compra por la inflación, lo que conduce a que el ritmo de la demanda se reduzca y se acerque a la oferta. Advierte que la segunda amerita que el desequilibrio macroeconómico se atienda mediante el estímulo a la oferta doméstica. “Para ello, se hace indispensable una modificación de la estructura de liquidez de las reservas internacionales y aumento del endeudamiento externo. Posteriormente, se requiere una reducción progresiva del financiamiento monetario del gasto público interno, así como la apertura de espacios para el sector privado”, expresa el documento.
El Consejo de Economía Nacional reitera que para iniciar el proceso de crecimiento económico a mediano plazo, se hace necesario una modificación de la política petrolera, una reforma fiscal y una política de incentivos para la inversión privada
Mediante este documento, esta instancia “exhorta a las autoridades a la búsqueda de un ambiente de confianza en un marco de equilibrio entre la libertad económica y la seguridad jurídica para la promoción de la inversión privada y la participación activa del Estado con el objetivo de garantizar la justicia distributiva.”
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