La muerte de la cooperante española Emma Igual en Ucrania el pasado septiembre, mientras evacuaba civiles, puso el foco en la labor de los trabajadores humanitarios y cooperantes, así como en los riesgos a los que se enfrentan. Lejos de ser un hecho aislado, cada año tenemos que lamentar bastantes pérdidas de personas que dedican su vida a la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria.
En 2022, según datos de las Naciones Unidas, 444 trabajadores humanitarios sufrieron ataques, resultando 116 muertos. Y más de 450 cooperantes fueron víctimas de atentados. Aunque las noticias siempre saltan cuando la persona fallecida es una expatriada que se encuentra desarrollando su labor en otro país, los datos indican que, de los trabajadores humanitarios fallecidos, el 96 % eran nacionales y el 4 % internacionales. Es decir, realmente el mayor riesgo lo tienen aquellos que desempeñan esta labor en su propio país en situación bélica y de empobrecimiento. Más de la mitad (47 %) pertenecían a ONG nacionales.
Ya sea durante labores de emergencias humanitarias (desastres naturales, conflictos armados, etc.) o en proyectos de cooperación aliviando situaciones de pobreza, esta profesión conlleva una serie de riesgos. El más evidente es que atenta a la seguridad personal de quienes la ejercen, que se exponen a sufrir violencia física, secuestros, asaltos y amenazas por parte de grupos armados. De la cifra aportada anteriormente por Naciones Unidas, 185 trabajadores humanitarios fueron secuestrados y usados como moneda de cambio y presión por parte de bandas criminales.
La salud física y mental pende de un hilo
Pero hay más peligros, como que se resienta la salud al trabajar en contextos con numerosos brotes de enfermedades contagiosas o de salubridad limitada. Lo hemos visto con varias epidemias como la de la covid-19 o el ébola. Estas situaciones se han incrementado en los últimos años con el cambio climático y la incertidumbre ante fenómenos meteorológicos más impredecibles y violentos.
Dentro de la salud, lo mental ha tomado relevancia últimamente. Son trabajadores expuestos a situaciones caóticas traumáticas que pueden generar enfermedades mentales como el estrés postraumático. No en vano, muchas organizaciones establecen que en determinados destinos, entre ellos los bélicos, cooperantes y trabajadores humanitarios deben salir cada tres o cuatro meses del país donde desarrollan sus labores para aliviar el estrés emocional.
A esto se suman los riesgos de sufrir accidentes de circulación o por caídas de edificios e infraestructuras que son precarias. Tampoco lo tienen fácil aquellos trabajadores que, en otro contexto político y sociocultural, pueden sufrir discriminación y violencia por ser mujer, así como por su etnia, religión, orientación sexual o identidad de género.
El personal humanitario no puede ser atacado
En lo que llevamos de 2023, Aid Worker Security Database (AWSD), que hace una recopilación global de informes sobre incidentes de seguridad hacia los trabajadores humanitarios, ha establecido que ha habido 137 ataques. Principalmente se han producido en Sudán del Sur, Sudán, Mali, Myanmar, República Democrática del Congo y Siria. Se trata de países en el que la población está expuesta a un nivel de inseguridad y violencia extremas, que ven sus derechos vulnerados y dependen de agencias de cooperación, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales.
Naciones Unidas se ha venido preocupando por la seguridad de estos trabajadores durante años. Ya en 1995 aprobó la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, que obliga a que el personal humanitario sea protegido por los Estados durante el desempeño de sus funciones. También aborda el establecimiento de medidas penales para quienes les ataquen.
En 2005 se aprobó un protocolo facultativo sobre esta Convención que amplía la protección al personal que presta asistencia humanitaria, de emergencia, política o para el desarrollo. Y ese mismo año se creó el Departamento de Seguridad de la ONU (UNDSS, por sus siglas en inglés), posibilitando que las operaciones de las Naciones Unidas se lleven a cabo al mismo tiempo que se le gran importancia a la seguridad y protección de los miembros del personal de las Naciones Unidas y sus familias.
A nivel estatal también hay medidas en marcha. Por ejemplo, en España está el Estatuto del Cooperante (2006), que reconoce el papel del personal expatriado en contextos de conflicto bélico, estableciendo derechos como el seguro de vida y accidente, la repatriación o la atención médica.
Pero, sin duda, los trabajadores más vulnerables son los nacionales que mencionábamos más arriba, ya que pueden estar en países menos garantistas y se benefician menos de protocolos de seguridad que deben incluir la evaluación de riesgos, capacitación y equipamientos, instalaciones seguras y evacuación de emergencia.
Es esta una labor tan insegura como necesaria, que no solemos valorar en su justa medida, ya que se desarrolla en lugares lejanos y ante causas ajenas.
Actualidad Laboral / Con información de The Conversation
