La Cámara de Comercio de Costa Rica presentó ayer los resultados de una encuesta donde se muestra el impacto de la huelga en la actividad comercial del país.
Si bien la entidad consideró desde un inicio que esta era una huelga innecesaria, la Cámara reconoció que en el país prevalece un derecho para manifestarse, pero criticó que la medida fomentó el caos y la paralización de los servicios esenciales, algo considerado un delito.
"Lamentablemente los bloqueos y paralización de los servicios esenciales si tuvieron un impacto real. En promedio hubo una disminución en las ventas del 25%”, señaló Yolanda Fernández, Presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
En el marco de la Huelga Nacional el 18% de los comercios tuvo que despedir personal, lo cual afecta el ingreso de una cantidad importante de trabajadores.
“Dentro de las medidas que se adoptaron para minimizar las pérdidas se encuentran: entrega de mercancías en la madrugada, cambio de rutas y jornadas extra, aplicar teletrabajo y aumento de inventarios”, señaló Fernández
Asimismo, el 90% de los comercios consideró que esta huelga afectó las ventas durante la época de cierre fiscal. Pese a que el 33% de los comercios afirmó haber realizado ofertas y promociones extraordinarias para esta fecha, no se registraron incrementos significativos en las ventas.
"La Cámara de Comercio de Costa Rica ha repudiado todos los actos de violencia y vandalismo que se dieron en los últimos días con la huelga de los sindicatos. Estos hechos sobrepasaron la legalidad, las buenas intenciones y afectaron directamente al 80% de la población trabajadora en el sector privado nacional", destaca la entidad en un comunicado.
Mientras tanto, el Gobierno de Carlos Alvarado reveló que acudirá a todas las acciones y herramientas legales para compensar y recuperar los daños causados por aquellos funcionarios públicos que participaron en la huelga –iniciada el 10 de octubre– cuyas instituciones recibieron declaratoria de ilegalidad.
“Respetamos las decisiones judiciales, pero el Gobierno considera su responsabilidad y su obligación de echar mano de todos los mecanismos legales que permitan la compensación y la recuperación de los daños que fueron causados y los salarios percibidos sin la contraprestación correspondiente”, indicó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort.
El Viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, dijo que existe un malestar generalizado en la población por la injusticia que representa pagar salarios de personas que no trabajaron. “Aquí se trata también de hacer todos los esfuerzos por recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.
En el caso de los educadores, el ministro Piza reflexionó que el tiempo que perdieron los estudiantes es irrecuperable y dejará un vacío importante en cientos de miles de niños y jóvenes.
Durante los días de huelga el Ministerio de Educación Pública pagó al menos ¢90.000 millones en salarios de docentes que no acudieron a dar lecciones.
Los sindicatos iniciaron el lunes 10 de octubre una huelga en protesta contra el proyecto de reforma fiscal con el que el gobierno busca contener un creciente déficit fiscal de 6,2% del producto interno bruto en 2017, que podría alcanzar 7,2% este año sin la reforma, según el Banco Central.
Los trabajadores aducen que el proyecto tributario recarga el costo del ajuste fiscal en las clases más desfavorecidas, pero Alvarado aseguró que 80% de la nueva recaudación caerá sobre el 20% más pudiente del país.
Actualidad Laboral / Con información de Estrategia y Negocios
