Con una economía en caída, sin turismo, mayores gastos para enfrentar el COVID-19 y la presión de las sanciones estadounidenses, el gobierno cubano ha empezado a desempolvar reformas económicas pospuestas durante años.
La primera fue la autorización para que dueños de comedores y cafeterías puedan comprar a granel, entre otros, cerveza, harina, levadura, camarones, azúcar o aceite con un 20% de descuento.
La falta de un centro mayorista, largamente añorado por los emprendedores, impulsó la competencia de éstos con la población por los productos alimenticios y alentó un mercado negro. La pandemia profundizó una crisis preexistente que en 2019 se tradujo en el desabastecimiento de alimentos y combustible de la mano de un recrudecimiento de las sanciones de la administración de Donald Trump.
Aunque el gobierno cubano logró mantener bajo control la pandemia con 2.775 casos positivos y 88 fallecidos hasta ahora, el nuevo coronavirus ha tenido efectos profundos en la economía. Según una estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Producto Bruto Interno de Cuba podría caer un 8% este año, desplome que se sumará a años de crecimiento casi nulo.
Instalado en el residencial barrio de Nuevo Vedado, con un gran cartel que reza “Mercabal” en su portal, el nuevo mercado mayorista ofrece a los emprendedores una docena de productos en pesos cubanos o CUP, una de las tres monedas que circulan en la isla.
Las autoridades informaron que en los primeros cuatro días se suscribieron 213 contratos entre “Mercabal” y los emprendedores y esta semana se abrió una segunda tienda de este tipo en la oriental provincia de Holguín.
“Las reformas van en el sentido correcto, pero no son todas las que se necesitan”, dijo a AP Mauricio de Miranda, economista cubano y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia.
Pese a que algunos pequeños empresarios se mostraron optimistas por las medidas de apertura económica como el mercado mayorista, otros expresaron cautela porque ya han visto demasiadas idas y vueltas en el proceso de reformas económicas.
Los cambios comenzaron en 2010 cuando el entonces presidente Raúl Castro reconoció la necesidad de abrir espacio a la iniciativa privada para dinamizar una economía poco productiva y en crisis, en buena parte por décadas de sanciones estadounidenses para forzar un cambio en su modelo político.
En aquel momento se abrió el mercado inmobiliario, se entregaron tierras en usufructo y se dio luz verde a miles de emprendimientos. También se autorizaron las cooperativas -luego paralizadas- y se permitió a las personas ofrecer servicios al Estado.
De los 150.000 trabajadores independientes que había en todo el país entonces se pasó a 613.000 este año, algo impensado tras décadas de férreo control estatal en la isla, donde la mayoría de los negocios y empresas estaban en manos del gobierno y el empleo era casi completamente público.
A mediados de julio, junto con la tienda mayorista, las autoridades también autorizaron a los emprendedores la importación de insumos y la venta al exterior de productos a través de 36 agencias estatales y volvieron a prometer que permitirían la legalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y ampliarían las categorías de trabajo independiente.
Además, anunciaron que se reactivará la conformación de cooperativas, se dará autonomía a las empresas estatales y se aceptará la participación de privados en proyectos de desarrollo local.
No se especificó si finalmente se permitirá a los profesionales algún tipo de ejercicio particular o las fechas para la instalación de las pymes y las cooperativas.
“¿Van a durar las medidas? ¿Son un parche temporal que después el gobierno va a echar para atrás como ha hecho en otras ocasiones? Ése es el mayor miedo que tenemos nosotros”, reflexionó Camilo Condis, un contratista del Estado de 34 años.
Para los analistas está claro que el Estado cubano no abandonará el monopolio en sectores clave como la educación o la salud y que las autoridades continuarán el modelo basado en la empresa estatal socialista para las grandes industrias.
De acuerdo con Miranda, es necesario un paquete de medidas “que se traduzcan en un incremento de la producción de bienes y de servicios, en el mejoramiento del ingreso y del empleo productivo”.
Actualidad Laboral / Con información de AP
