Tras de 50 años de la nacionalización de todos los negocios particulares por Fidel Castro, en Cuba vuelve a operar la micro, pequeña y mediana empresa privada (mipyme), con una reforma estructural de larga espera y que podría cambiar radicalmente las reglas del juego de la economía centralizada en la isla, según expertos.
Luego de diez días de la entrada en vigor de la ley de la presentación de las primeras solicitudes, el Gobierno aprobó las primeras 35 mipymes, 32 privadas y 3 estatales, la mayoría enfocadas en la producción de alimentos (13), la manufactura (6), actividades de reciclaje, de carácter tecnológico y proyectos de desarrollo local.
Las nuevas empresas, que se van a constituir como sociedades de responsabilidad limitada (SRL) podrán tener hasta 100 trabajadores y tendrán derecho a acceder a créditos y fuentes de financiamiento, pero sus actividades de importación y exportación las tienen que realizar por intermediación de una empresa estatal.
Además la ley impone límites a las actividades profesionales. Es decir, los contadores, abogados, arquitectos e ingenieros, entre otros, no pueden asociarse y constituir empresas para brindar sus servicios, algo muy criticado por los economistas.
Esta reforma clave para la economía cubana era legalmente posible desde el VI Congreso del Partido Comunista (2011), pero fue retrasada por razones que nunca fueron explicadas y que posiblemente tienen que ver con el temor de las autoridades a perder el control y el monopolio del Estado sobre la economía.
Las mayoría de economistas consideran que las leyes recién aprobadas son un «paso positivo», encaminado a incrementar las producción y favorecer una economía mixta, en la que la iniciativa privada está llamada a jugar un papel cada vez más importante.
Actualidad Laboral / Con información de Banca y Negocios
