Una demanda contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) por “la omisión y el retardo en la asignación de las pensiones”, presentó un grupo de adultos mayores ante los juzgados de Municipio con competencia en Contencioso Administrativo del área metropolitana de Caracas.

La abogada del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Jessica Duhan, explicó que se estaría violando “el derecho a la seguridad social y el trato digno que debe dar el Estado venezolano a las personas adultas mayores generando en consecuencia la imposibilidad de gozar del derecho establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

De acuerdo con las cifras que maneja el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, en el país existen alrededor de 200 mil personas afectadas por este incumplimiento del Ivss que, a pesar de haber realizado las correspondientes cotizaciones para optar por la pensión de vejez, no lo han recibido.

La mora del IVSS, explica la nota de prensa enviada por Provea, también viola los derechos reconocidos en el articulo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

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