Un estudio académico señala que Australia tolera una "cultura de impunidad" frente a los pagos de salarios a trabajadores temporales extranjeros, que tienden a no reclamar los abusos por temor a perder sus visados.
"Los empleadores sin escrúpulos siguen explotando a los trabajadores inmigrantes porque no se quejan", dijo Bassina Farbenblum, académica de la Universidad de Nueva Gales del Sur, que elaboró el documento junto a Laurie Berg, de la Universidad Tecnológica de Sidney.
El estudio, titulado "Robo salarial en silencio", revela que menos del diez por ciento de los estudiantes internacionales y mochileros en Australia puede recuperar los salarios impagados, incluso si son conscientes de que se les ha pagado menos que lo legal.
La investigación, que se apoya en entrevistas a 4.300 trabajadores temporales extranjeros de 107 países, confirma que Australia tiene una gran subclase silenciosa de trabajadores inmigrantes mal pagados, dijo Farbenblum, en un comunicado que acompaña al informe.
Los trabajadores inmigrantes representan el 11 por ciento del mercado laboral australiano y, según estudios previos de ambas autoras, uno de cada tres estudiantes internacionales y mochileros gana la mitad del salario mínimo legal, que es de 18,93 AUD por hora (13,43 USD o 11,78 EUR).
El nuevo informe indica que solo unos cuantos trabajadores extranjeros intentan recuperar el dinero impagado dado que por cada 100 personas mal pagadas solo tres acudieron a la Defensoría de Trabajo Justo.
Y del total de los que reclamaron, poco más de la mitad pudo recuperar sus diferencias salariales.
"El sistema está roto", comentó Berg, al añadir que "para la mayoría de los trabajadores inmigrantes es lógico quedarse en silencio. El esfuerzo y el riesgo de adoptar una acción no vale la pena dadas las pocas posibilidades de que recuperen sus salarios".
El estudio indica que un 54 por ciento está abierto a reclamar los salarios impagados pero las barreras más comunes son la falta de conocimiento (42 por ciento), el esfuerzo que implica (35 por ciento), el temor a las consecuencias migratorias (25 por ciento) y el temor a perder el trabajo (22 por ciento).
