La ingerencia de las instituciones del Estado en las actividades propias de las organizaciones sindicales alertó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento del estado Lara (Sintraicel), Orlando Chirino. Según la denuncia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo estarían actuando en alianza coartando la libertad de acción de las organizaciones.

“Vemos que hay una alianza entre las instituciones para retrasar los procesos de la funcionalidad de la organización”, dijo. El caso es que esa representación laboral está a la espera de una certificación por parte del CNE, desde el 14 de enero de este año; esto luego de que el organismo declarara inadmisible la impugnación a las elecciones internas realizadas el pasado 24 de mayo de 2014. Sin embargo hasta la fecha no ha recibido respuesta, a pesar de que hace 15 días se reunió con el rector principal Luís Emilio Rondón, quien se habría comprometido a atender la solicitud.

Así mismo, la Inspectoría del Trabajo estaría en mora sobre la solicitud de un proceso de “práctica antisindical”, realizó el 27 de enero de este año. Esta acción la ejerció por la negativa de las autoridades de la empresa a permitirle el ingreso a la planta, en su condición de secretario general de Sintraicel. Según dijo la norma establece un lapso de 72 horas para “subsanar el derecho infringido” y 5 días para emitir la providencia administrativa.

“Aquí se miden varias cosas: primero, el color político de la organización sindical para retrasar la certificación; lo segundo, el hecho de la ingerencia sobre las decisiones electorales de los sindicatos que forma parte de su autonomía y ética sindical; y lo tercero, que vemos es que el Estado, en virtud de no querer discutir convenciones colectivas pone en alianza con esta institución, el CNE para evitar que las certificaciones lleguen a las organizaciones y, en consecuencia, evitar la contratación colectiva”, advirtió Chirino.

La convención colectiva del cemento, que ampara a 10 mil trabajadores directos en todo el país, tiene 8 años vencida. “Eso ha generado un detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores, de 6 escalas que tenía el contrato, 3 han tocado el salario mínimo”, explicó.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas