Con policía antimotines amanecieron ayer los despachos judiciales de Paloquemao. Fue una decisión del Gobierno para permitir el acceso de los ciudadanos.

Luego del despliegue del operativo que el Gobierno puso en marcha el martes para garantizar los servicios judiciales en todo el país, Asonal Judicial anunció que suspenderá el cese de actividades, que había completado 73 días.

La decisión del sindicato se dio luego de que las asambleas votaron por suspender provisionalmente el cese de actividades.

De acuerdo con el presidente de Asonal, Freddy Machado, la razón para normalizar los servicios judiciales –que por lo pronto no es definitiva– obedece al “pedido de las bases” y porque “los paros no pueden ser infinitos”.

Machado aceptó la propuesta del Consejo Superior de la Judicatura de instalar una mesa de diálogo con ese organismo para tratar temas como la crisis en la Rama Judicial.

Sin embargo, el líder sindical dijo que dependiendo de la evolución de estos diálogos y “si no hay una solución” se podría reactivar el paro en febrero.

Aunque la Judicatura y Asonal aseguraron que el Gobierno participará en esas discusiones, en la noche del martes el ministro de Justicia, Yesid Reyes, negó esa posibilidad: “Para evitar que se generen falsa expectativas, que quede claro que el Gobierno no se ha comprometido a asistir o a establecer ninguna mesa de negociación a cambio del levantamiento del paro”.

El Ejecutivo aseguró que si hay cese de actividades en febrero, seguirá firme en la posición de no permitir que se afecten los derechos de la ciudadanía.

Normalidad judicial

El monitoreo del Ministerio de Justicia a los despechos judiciales dio cuenta de que hubo atención total el martes. Sin embargo, se registraron congestiones por el volumen de procesos represados y porque los usuarios masivamente intentaron interponerlos, al punto de que en los juzgados administrativos de Bogotá más de 100 abogados no pudieron presentar sus demandas porque no alcanzaron las 8 horas de atención al público.

El paro judicial, que empezó el 9 de octubre del año pasado completó 73 días. Tuvo una pausa durante las vacaciones de los funcionarios de la Rama que empezaron el pasado el 19 de diciembre y finalizaron ayer martes.

El cese en las actividades generó una mora en 137.821 procesos en todo el país y obligó a que 26.621 audiencias fueran aplazadas.

Asonal decidió mantener el paro a pesar de que seis de las siete peticiones fueron conciliadas en el 2014. El único punto sobre el cual no hubo acuerdo es el de convertir una bonificación como factor salarial que requería, según el ministro Yesid Reyes, recursos del orden de los 6 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda no tiene disponibles.

Aún cuando el anuncio de suspender el paro lo realizó el presidente del sindicato, el presidente de la Judicatura reiteró que se mantiene la orden de no pagar salarios a quienes no presten servicios.

Por otro lado, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, culpó al Gobierno de no haber tenido “voluntad política y presupuestal” con lo cual se habría podido terminar el paro mucho antes y criticó la presencia de la Fuerza Pública en la entrada de los despachos para garantizar el acceso a los mismos.

No pago de salarios, clave para reactivar despachos

El paro judicial más largo en historia del país, que duró 73 días y empató con las tres semanas de vacancias colectivas de la Rama Judicial, se levantó este martes a pesar de que el sector más radical de Asonal Judicial había anunciado que persistiría en la polémica protesta, cuyos principales afectados fueron los ciudadanos del común.

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que la manifestación de firmeza que mostraron de manera conjunta el Ejecutivo y la Rama Judicial tuvo efectos en el levantamiento del paro judicial. “El hecho de que el Estado actuara unido y pusiera como advertencia el tema del no pago de salarios a los que no trabajaran, la presencia policial en las centros de servicio y la firmeza en esas decisiones fueron claves”, agregó.

Para Jorge Iván Cuervo, experto en derecho público y analista de Razón Pública, el crecimiento del rechazo social hacia el paro, que incluía a abogados y a la misma ciudadanía, hizo que se creara un clima adverso contra el paro y esto fue determinante para que se acabara. El analista considera que entre los propios trabajadores de la Rama había división y eso también minó la posición de los que estaban por mantener el cese de actividades.

Por su parte, Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo, considera que fue el anuncio de la Judicatura de no pagar los sueldos a los que dejaran de trabajar el elemento que rompió el paro. “Cuando ven que pueden verse afectados sus propios intereses, los promotores del paro sueltan la posición, tan radical, que parecían tener. Por otra parte está el malestar de los ciudadanos y de los mismos jueces que querían trabajar”, insistió.

Actualidad Laboral / Con información de El Tiempo