Este martes, la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analizó el “caso Venezuela”, a propósito de las denuncias de incumplimiento del convenio 122 sobre política de empleo. En ese foro mundial intervinieron representantes de los trabajadores con visiones distintas, la Unidad de Acción Sindical y Gremial (Uasg) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst).

Por la Uasg, Roger Palacios solicitó a esa instancia la inclusión de un párrafo especial con recomendaciones y solicitudes al Gobierno de Venezuela, para la implementación de un diálogo social “real y efectivo”. Mientras que la Cbst, representada por uno de sus coordinadores, Carlos López, considera que esa comisión “debería direccionar mejor sus esfuerzos hacia la investigación de los verdaderos incumplidores de los Convenios y Normas OIT, para lo cual hace falta una reingeniería toral de nuestro funcionamiento”.

A juicio de López, los empresarios venezolanos organizados en Fedecámaras, son los responsables del “sabotaje económico”, y mencionó el caso Empresas Polar, de la principal industria de alimentos en país. Según la denuncia del dirigente sindical, esta compañía habría reducido la producción sin fundamento, “lesionando los intereses de los trabajadores que perciben actualmente una mínima parte de su salario”.

Desde el otro ángulo, el vocero de la Uasg, expresó la preocupación de los trabajadores en torno a las empresas estatizadas que “se encentran improductivas, porque funcionarios públicos y militares que asumieron la dirección de las mismas, las quebraron, reproduciendo las peores formas de discriminación, persecución laboral y paralelismo sindical”. Entre los casos mencionados por este dirigente sindical se encuentran la Corporación Venezolana de Cementos, Abastos Bicentenarios y Pescalba, entre otros.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas