El Gobierno ha avanzado en este año con cambios que flexibilizan y bajan los costos en la contratación laboral en el sector privado.
Uno de los pasos fue la creación de un contrato especial emergente, a través de la Ley Humanitaria en junio.
Otro cambio fue la reforma al contrato por giro de negocio creado en 2015. Esta modalidad, cuyo plazo está atado al tiempo de duración de la obra o servicio requerido, se restringía a actividades estratégicas, pero en julio pasado se amplió a todos los sectores productivos del país.
En esta semana está previsto que entren en vigencia cuatro nuevas modalidades: productivo, turístico y cultural, de emprendimiento y para jóvenes.
Por la aplicación del contrato emergente y del giro de negocio, el Ministerio de Trabajo reportó 38 507 nuevos contratos individuales entre el 22 de junio y el 22 de octubre pasados. Por el primero fueron 25 522 y por el segundo, 12 985.
El Gobierno asevera que estas cifras evidencian que las nuevas herramientas han sido útiles y han desacelerado el deterioro de la empleabilidad en medio de la pandemia.
El país afronta un panorama laboral en el que cinco de cada 10 personas con empleo están en la informalidad, y solo 3 de cada 10 tienen un trabajo adecuado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte hasta septiembre del 2020.
Con ese antecedente, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, afirma que las modalidades buscan reducir la informalidad y adaptarse a las nuevas condiciones de la economía. A diferencia de otros mecanismos creados en este mismo Gobierno, ahora no habrá recargos adicionales.
Ayer 27 de octubre del 2020, la Cartera de Estado tuvo una charla con representantes de sectores empresariales, con quienes adelantó detalles de los contratos productivo y de turismo y cultura.
Hay varios aspectos en común entre las nuevas figuras. Por ejemplo, permitirán que el empleador y el trabajador puedan pactar las jornadas y días de descanso, “con el fin de adaptarse a la necesidad de los negocios en el país”.
Además, tendrán una duración máxima de hasta un año; los contratos productivo y turístico se podrán renovar por un año más. Si hay una terminación unilateral antes de ese plazo, el empleado recibirá un proporcional del desahucio, lo cual genera ahorros para el empleador, que ya no pagará indemnización por despido.
Otra característica es la flexibilidad en la jornada. En el contrato productivo puede haber jornadas consecutivas de hasta 20 días o 7 días, con 48 horas de descanso por cada 5 días. En el de turismo podrán ser hasta 70 días consecutivos y sin los costos que suponen las opciones tradicionales, como contratos eventuales o discontinuos, en los que el empleador paga recargo del 35 o 25%.
Para esto no se requerirá del trámite adicional para la aprobación de horarios especiales, lo cual supone un ahorro de tiempo respecto de los trámites que hoy demandan otras alternativas laborales.
Aunque Isch comunicó que las modalidades aplicarán para nuevas contrataciones, expresó que las normas son compatibles con la Ley Humanitaria, en el sentido de que se puede llegar a acuerdos entre los empleadores y los trabajadores actuales.
Los empresarios saludan las iniciativas y las ven como un esfuerzo por facilitar la generación de empleo y de simplificar trámites y costos.
Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), comentó que los cambios han abonado a facilitar la contratación y observa que las nuevas figuras se perfilan a atender uno de los pedidos más recurrentes: que los contratos se adapten a la temporalidad de las distintas áreas. Turismo y agricultura pueden tener mayor provecho.
Según el gremio de la construcción, el contrato productivo apoyaría a cubrir labores muy específicas. “Por ejemplo, en un proyecto se requiere a alguien que pegue las cerámicas de la casa, la persona pegaba la cerámica y luego no tenía nada más que hacer, entonces, por lo general ese empleado no estaba con contrato, sino en la informalidad”, explicó Leopoldo Ocampo, titular de la Cámara de la Construcción.
Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), resulta preocupante que el Ministerio no haya consultado la opinión de los sindicatos.
Richard Gómez, vocero de la CUT, criticó que los nuevos contratos no contemplen una restricción para evitar una migración laboral que afecte a los obreros actuales. De cara a una reforma laboral, él dijo que se requiere llegar a consensos; que los empleadores se comprometan a reinvertir en el país y no solo se ajuste la normativa para los empleados.
Actualidad Laboral / Con información de El Comercio
