La Corte Suprema falló hoy contra los sindicatos en el sector público al considerar que los trabajadores de la Administración no tienen la obligación de pagar cuotas si no desean adherirse a uno.

El alto tribunal de mayoría conservadora dictó dividido -5 votos a favor y 4 en contra- su sentencia sobre una ley del estado de Illinois que establece que los empleados públicos deben contribuir al sindicato que haya escogido la mayoría.

La norma establece de facto la implantación de un sindicato único dentro del grupo de trabajadores, al que el fallo se refiere como "unidad negociadora", de forma que si la mayor parte de los empleados opta por una organización, el resto no podrá adherirse a otra ni negociar entablar conversaciones directamente con el empleador.

De este modo, la sala argumentó que la regulación estatal viola la Primera Enmienda de la Constitución, una cláusula muy recurrente en las sentencias de la corte y que recoge los derechos a la libertad de expresión, la asamblea y los mecanismos de reclamación y reparación.

La corte explicó que las tasas sindicales no pueden ser defendidas con la justificación de que "promueven el interés de la paz en el trabajo" y creyó "infundado" el "miedo" a que hubiese conflictos si los empleados estuvieran representados por más de una organización.

El alto tribunal abordaba una sentencia previa de 1977 del propio Supremo sobre un caso similar y que había sido utilizada por una corte menor para fallar ahora en contra de un empleado que rechazaba la ley de Illinois.

"Sabemos que es importante seguir los precedentes salvo que haya razones importantes para no hacerlo y aquí hay razones muy importantes para que no. Los derechos de libertad de expresión están en juego", incidió la sala.

El presidente, Donald Trump, no tardó en aplaudir la derrota de los sindicatos en el fallo y subrayó que también supondría un duro golpe para la oposición progresista.

Por su parte, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que saludó la sentencia y enfatizó que "los empleados públicos no deberían ser forzados a pagar a una unión contra su deseo y apoyar mensajes políticos con los que puedan discrepar".

Actualidad Laboral / Con información de Chicago Tribune