Aunque el Ministerio de Trabajo cumplió con el compromiso de doblar su nómina de inspectores, la gestión de este despacho es reducida en la protección de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, al tiempo que la Fiscalía muestra pocos avances en la sanción de quienes amenazan la actividad sindical.

Así lo consigna un extenso informe donde el gobierno de Estados Unidos revisa los compromisos adquiridos por Colombia al suscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el 2012, para lo cual varias agencias de Washington aportaron recursos del orden de los 25 millones de dólares, en asistencia técnica. Entre ellos, 2 millones dirigidos a fortalecer las actividades de la Escuela Sindical Nacional.

En relación con la cartera laboral, se indica que incremento su planta de inspectores, al pasar de 564 a 819 en los últimos 3 años, su gestión se redujo pues el número de investigaciones cayó de cerca de 6.000 casos abiertos en el 2013 a apenas 3.099 en el 2016. En el mismo sentido, la aplicación de multas, que en muchos casos se echan para atrás o no se hace efectivo su cobro, bajaron de un volumen de 1.694 a 1.304, en el periodo mencionado.

Al respecto, el departamento de Trabajo de EE.UU. considera que Colombia carece de un sistema de información que permita hacer un seguimiento de las infracciones que comenten los empleadores contra las normas laborales. Solo dos de más de 30 dependencias regionales, muestran avances en la digitalización de datos, gracias a la ayuda de la OIT, señala el informe.

En lo que respecta a la poca efectividad en la aplicación de las multas, se revela que en una sola oficina regional donde se decretaron 1.008 multas, solamente 214 fueron ratificadas, y dentro de ellas solo 115 fueron parcialmente recolectadas por el Ministerio del Trabajo y el Sena.

El informe señala que es preocupante que, a pesar de que los inspectores tienen poder para imponer multas hasta por 5.000 salarios mínimos y cárcel para los empleadores infractores, este mandato poco se ejerce. En buena parte, se explica porque la labor de los inspectores está centrada en visitas de carácter administrativo a empresas denunciadas, las cuales notifican sus irregularidades. Este proceso concluye, en muchos casos, en acuerdos que llevan finalmente a la revocatoria de la sanción.

Señala, igualmente, que dicha cartera carece de recursos financieros para desplazar a sus funcionarios a zonas rurales. No obstante afirman que el plan de acción convenido se enfocó en los vicios de contratación detectados en amplios sectores productivos, como es el caso del de la caña de azúcar, palma africana, flores, petróleo y terminales portuarias.

Con relación a los denominados acuerdos de formalización, de los cuales se han suscrito 171 para mejorar la estabilidad laboral de unos 25.000 trabajadores, solo una quinta parte contemplan acuerdos permanentes. Se trata, de todas formas, de una población muy reducida, si se tiene en cuenta que la fuerza laboral del país alcanza a 25 millones de personas.

De otro lado, resalta los pocos resultados arrojados por la Fiscalía, para investigar y sancionar a los responsables de amenazas y muerte de dirigentes y trabajadores sindicalizados. Se indica, en ese sentido, que desde el 2009 no se ha proferido por esa dependencia ni una sola condena. Desde el 2014 se han denunciado más de 200 casos sin que se conozca el resultado de las investigaciones. El informe revela que, a lo largo de 22 años, la Corte Suprema ha emitido 105 sentencias por 86 casos de homicidio, cuando el número de víctimas puede ascender a 2.500.

Citando a la Organización de Países Desarrollados (Ocde), el informe gubernamental afirma que en el campo judicial no hay resultados sustanciales y la tasa de impunidad de los delitos contra los trabajadores sigue siendo alta.

Actualidad Laboral / Con información de Portafolio