Cientos de empresarios de diferentes rincones de Estados Unidos han levantado su voz para presionar a congresistas conservadores renuentes a apoyar una reforma migratoria.
En su gran mayoría no es que apoyen una apertura fronteriza ni una amnistía para los casi 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, pero sí cambios en leyes de inmigración que llevan décadas sin ser actualizadas. Su principal objetivo: que se aprueben normativas que den un estatus legal y permitan trabajar a millones de extranjeros que viven en el país sin autorización, y que faciliten el ingreso con visas a inmigrantes capacitados o dispuestos a hacer tareas que los residentes locales no quieren realizar.
“Si podemos darle un camino a la legalización a aquellos que están sin documentos, nuestra fuerza de trabajo va a crecer, y va a crecer la productividad de nuestros empleados”, expresó a The Associated Press Woody Hunt, un empresario texano multimillonario de la construcción y el sector financiero que por años ha contribuido con fondos a las campañas republicanas y se ha convertido en uno de los líderes empresariales que presionan a legisladores conservadores.
Para gran parte de ellos la prioridad está en leyes que, como las que se aprobaron en marzo en la cámara baja, regularicen el estatus legal de los jóvenes soñadores o dreamers que llegaron de niños con sus padres y permita trabajar legalmente en el sector agrícola a personas que han vivido ilegalmente en el país durante décadas.
El oficialismo demócrata tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso. Para que los proyectos aprobados en la Cámara de Representantes se conviertan en ley, necesitan el respaldo de al menos 60 de los 100 senadores.
Los inmigrantes son una parte vital de la economía estadounidense. De acuerdo con el departamento del Trabajo los extranjeros representan cerca del 17% de la fuerza laboral, y trabajan sobre todo en el sector de los servicios, los recursos naturales, la construcción, el mantenimiento y transporte.
En Estados Unidos viven unos 10,5 millones de inmigrantes sin autorización legal, de acuerdo con el Pew Research Center, un centro de investigaciones de Washington. Cerca de 7,6 millones de ellos trabajan y contribuyen con miles de millones de dólares de impuestos cada año, aunque no reciben beneficios como los ciudadanos estadounidenses, según el Institute on Taxation and Economic Policy.
Muchos de los empresarios, como Hunt o su colega de Chicago John Rowe, del sector eléctrico, llevan años promoviendo cambios en las leyes de inmigración. Otros, como Marty Kotis, un desarrollista republicano de Carolina del Norte que tiene inversiones en restaurantes se han sumado a la campaña de presión de manera más reciente.
Entre ellos hay un amplio espectro político, pero algunos expertos sostienen que posiblemente con el cambio de gobierno algunos empresarios republicanos que no estaban completamente de acuerdo con las políticas de mano dura implementadas por la administración anterior del presidente Donald Trump se sientan ahora más cómodos para hablar.
Incluso las mismas organizaciones empresariales y de negocios han fortalecido sus esfuerzos en los últimos meses.
Una de ellas, por ejemplo, la American Business Immigration Coalition —conocida como ABIC— ha expandido sus capítulos locales de un puñado de estados como Florida y Texas a más de una docena, que incluyen a regiones conservadoras como Carolina del Sur, Carolina del Norte, Indiana, Utah e Idaho, sumando así a cientos de empresarios.
“Las prioridades para los negocios no han cambiado”, expresó Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración del Economic Policy Institute de Washington. “La principal diferencia es que bajo Trump, la mayoría sabía que no había forma de que se aprobara una reforma migratoria... pero ahora hay un presidente que está dispuesto a firmar y convertir en ley un proyecto de ley de inmigración”, explicó.
En un foro virtual reciente organizado por ABIC los mismos legisladores republicanos más moderados, que están en favor de cambios en las leyes de inmigración, admitieron los desafíos creados por la situación fronteriza.
Tras enfatizar que la aprobación de cambios en las leyes migratorias de trabajadores agrícolas “es la máxima prioridad”, el representante republicano de Idaho Mike Simpson explicó que la principal dificultad es la situación de la frontera.
“La crisis ha hecho difícil y casi tóxico hasta mencionar la palabra inmigración”, dijo el congresista.
Para convencer a los republicanos, los empresarios se han aliado con un abanico de personas y organizaciones, desde legisladores demócratas, activistas de inmigración, líderes sindicales y religiosos, a presidentes de universidades y jóvenes soñadores. Hablan por teléfono con legisladores, participan en foros y conferencias virtuales, envían cartas al Congreso y organizan eventos sobre la importancia de cambiar el sistema de inmigración.
Algunos lo hacen de manera independiente. Otros como parte de ABIC, la New American Economy, el National Immigration Forum o la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que recientemente lanzó una campaña para que se incrementen los cupos de visas de empleo y se implementen reformas migratorias que ayuden a expandir la mano de obra local.
Su papel: actuar como puente entre estos sectores y los legisladores conservadores, llevándoles un mensaje de apoyo a los inmigrantes.
“Estoy pasando una cantidad de tiempo dolorosa en el teléfono rogando, suplicando a los senadores para que apoyen el proyecto” de los dreamers, explicó John Rowe, un empresario republicano de Chicago a quien el senador demócrata Dick Durbin le pidió que consiga el apoyo de diez senadores republicanos.
Para Shay Myers, un empresario del área de Oregon que a finales de abril donó unos 40.000 kilos de espárragos porque no tenía empleados que los cosecharan en su finca, es urgente la aprobación de leyes de inmigración que permitan más flexibilidad para contratar a trabajadores temporales de Centroamérica o México, o legalizar a los que se encuentran ya en Estados Unidos.
“Los necesitamos”, afirmó Myers en una conferencia virtual junto a legisladores de ambos partidos y empresarios. “Los necesitamos para poder suministrar alimentos a los consumidores, y los necesitamos para mantener activas y rentables nuestras operaciones”.
Actualidad Laboral / Con información de AP
