El gobierno del presidente Donald Trump planea iniciar este fin de semana un operativo a nivel nacional en busca de familias de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal, a pesar de la férrea oposición de los demócratas y los cuestionamientos sobre si es la mejor manera de utilizar los recursos ante la crisis que se vive en la frontera sur.
Trump pospuso el inicio del operativo a finales del mes pasado y estaría dirigido a personas con órdenes finales de deportación, incluyendo familias cuyos casos migratorios fueron expeditados por jueces en 10 grandes ciudades, incluyendo Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.
La medida continúa en planes y podría empezar este fin de semana o posteriormente, según dos funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato debido que no estaban autorizados a discutir el tema públicamente. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) presentó una demanda preventiva con el fin de proteger a los solicitantes de asilo.
En tanto, los activistas reforzaron sus preparativos al repartir guías en las que detallan los derechos de los inmigrantes e información sobre líneas telefónicas de ayuda, además de organizar manifestaciones en lugares públicos. Se programaron para el viernes vigilias afuera de centros de detención en cientos de lugares, así como protestas en Miami y Chicago el sábado.
La redada es similar a otras realizadas de manera regular desde 2003 y que a menudo produjeron cientos de arrestos. Es algo inusual que vayan en contra de familias, en lugar de inmigrantes con antecedentes penales, pero no sería la primera vez. Los gobiernos tanto de Barack Obama como de Trump han realizado operativos previos dirigidos a las familias.
Pero esta medida es distinta debido al ambiente político que la rodea.
Trump anunció en Twitter el mes pasado que el operativo representaría el inicio de una batida para deportar a millones de personas que están ilegalmente en el país, algo casi imposible al considerar los recursos limitados con los que cuenta el ICE, la agencia responsable de realizar los arrestos y cumplir con las órdenes de deportación.
Posteriormente canceló la operación después de sostener una conversación telefónica con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, mientras que los legisladores trabajaban por aprobar un paquete de ayuda fronteriza de 4.600 millones de dólares. Además, se habían filtrado detalles, lo que causó preocupación entre las autoridades por la seguridad de los agentes del ICE.
Actualidad Laboral / Con información de AP
