Casi 200.000 personas de El Salvador que tenían permiso de vivir en Estados Unidos por más de una década deberán irse del país, anunciaron funcionarios del gobierno estadounidense. Es el revés más reciente de la administración de Donald Trump en materia migratoria y una de las que más consecuencias podría tener.

Los funcionarios del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional dijeron que el gobierno dará por terminado el programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para los salvadoreños, que podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos después de que hubo dos terremotos mortíferos en El Salvador en 2001.

Los salvadoreños son por mucho el grupo más numeroso de migrantes beneficiados por el TPS, que los protegía de ser deportados si habían llegado sin papeles a Estados Unidos. Esta decisión se tomó justo semanas después de que más de 45.000 haitianos —el segundo grupo más grande— perdieron la protección que obtuvieron después del terremoto de 2010 en esa nación caribeña. Parece que otros beneficiarios del programa, los hondureños, también perderán sus beneficios después de una extensión temporal. El año pasado, los nicaragüenses dejaron de ser acreedores a la protección.

En los días previos al anuncio, los defensores de migrantes y el gobierno de El Salvador solicitaron a Estados Unidos que extendiera el programa, como lo hizo varias veces desde 2001, con el argumento de que la situación en El Salvador aún es grave. Los salvadoreños y sus empleadores en California, Texas y Virginia, entre otros estados, expresaron su temor a que esta fuera la decisión de la Casa Blanca.

“Teníamos la esperanza de que si trabajábamos duro, pagábamos impuestos y no nos metíamos en problemas, nos permitirían quedarnos”, dijo Verónica Lagunas, una salvadoreña de 39 años que trabaja en el turno nocturno limpiando oficinas en Los Ángeles, es madre de dos hijos que nacieron en Estados Unidos y vive en un hogar remolque.

Sin embargo, el gobierno de Trump está abocado a frenar la migración tanto legal como ilegal. Un ejemplo de ello es la revocación de la protección para 800.000 jóvenes migrantes conocidos como dreamers a partir de marzo, a menos que el congreso les de un estatus legal antes.

El gobierno estadounidense dice que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de Protección Temporal se había convertido en un beneficio seudopermanente para cientos de miles de personas.

El fin de la protección de salvadoreños, haitianos y nicaragüenses deja a menos de 100.000 personas con TPS, programa que fue instituido por el expresidente George Bush en 1990.

Este programa ofrece a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otro disturbio, que ya están en Estados Unidos, un estatus provisional de legalidad. También les permite trabajar, sin importar si entraron al país legal o ilegalmente. La persona a cargo de Seguridad Nacional es quien decide cuándo un país puede ser beneficiario y si renueva el permiso durante seis, doce o dieciocho meses.

No hay un límite para el número de renovaciones que puede recibir un país; entre los que han obtenido el permiso temporal y luego lo han perdido están Bosnia-Herzegovina (que estuvo en una guerra civil durante los noventa), así como Guinea, Sierra Leona y Liberia (cuando padecieron lo peor de la crisis del ébola). El Salvador fue uno de los primeros países en estar en el programa a causa de su guerra civil; esa designación expiró en 1994.

Los salvadoreños beneficiarios del TPS ahora enfrentan una decisión desgarradora.

Lagunas dice que ella se quedaría ilegalmente en el país, con el riesgo de ser arrestada y deportada, aunque pierda su trabajo —en el que ha estado doce años— y la protección que este le da; su familia también perdería el seguro médico y otras prestaciones.

“No hay nada a qué regresar en El Salvador”, dijo. “Puede que la infraestructura esté mejor ahora, pero el país no está en condiciones de recibirnos”.

Con ayuda de su estatus de protección, otro salvadoreño, Carlos Jirón, fundó una empresa pequeña de contrataciones y ganó licitaciones para grandes proyectos, incluyendo la renovación de la pintura de edificios federales en la zona de Washington.

“Hemos hecho nuestra vida aquí”, dijo Jirón, de 41 años y quien vive con su esposa y sus dos hijos —que nacieron en Estados Unidos— en una casa con cuatro habitaciones que compraron en Springfield, Virginia.

Jirón tendrá que decidir si se lleva a sus hijos a El Salvador —donde cree que no alcanzarán todo su potencial y no estarán a salvo de a inseguridad— o si los deja en Estados Unidos con algún tutor o si se queda en el país con el riesgo de que lo arresten y lo deporten, como a millones de migrantes sin documentos.

Tania, su hija de 14 años, fanática de las películas de Disney y del hip-hop, dice que no concibe regresar a El Salvador. “Aquí es donde nací y en donde se supone que creceré”, mencionó.

Las protecciones provisionales fueron dadas a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos en marzo de 2001, después de que dos terremotos —uno en enero; otro, en febrero— dejaron más de mil personas muertas y destruyeron cientos de miles de hogares. En los quince años siguientes, los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama ampliaron los permisos en varias ocasiones.

A finales de 2016, el gobierno salvadoreño enumeró una serie de factores, incluyendo la sequía, la pobreza y la violencia de las pandillas en El Salvador, como razones para mantener el estatus de protección.

El Salvador se ha reconstruido desde los terremotos, pero la violencia —se considera que San Salvador es una de las ciudades más peligrosas en el mundo— ha detenido la inversión y la creación de empleos, y ha llevado a que miles huyan del país. El Salvador tuvo el menor crecimiento económico en Centroamérica en 2016, según el Banco Mundial.

Sin embargo, los funcionarios de la administración Trump dicen que el único criterio que el gobierno debería de considerar es si la primera razón por la que se concedió el permiso —en este caso, el daño causado por los sismos— sigue vigente. De acuerdo con los oficiales, la secretaria en funciones de Seguridad Nacional determinó que, diecisiete años después, gran parte del daño “ya no existe” así que la protección debe acabarse.

“El TPS es un beneficio temporal”, dijo un funcionario en una llamada con varios medios, “y solo el congreso puede alcanzar una solución permanente”.

Algunos legisladores estadounidenses han hecho propuestas para que las personas con permisos provisionales puedan quedarse de forma permanente en Estados Unidos. La inestabilidad en Venezuela también ha llevado a algunos congresistas a pedir que se establezca el estatus de protección para los venezolanos.

El gobierno salvadoreño le había pedido al gobierno de Trump que renovara el TPS al tomar en cuenta otros factores como las sequías. Las remesas que los salvadoreños en Estados Unidos envían son el sustento de muchos en el país de origen, donde cuatro de cada diez hogares viven por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial. En 2016, los 4,6 mil millones de dólares que llegaron a El Salvador por remesas —la mayoría provenientes de Estados Unidos— representaron el 17 por ciento de la economía salvadoreña.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y organizaciones a favor de los migrantes también pidieron la extensión de la cobertura del programa para los salvadoreños, al hacer notar los vínculos estrechos de los salvadoreños. De acuerdo con el Center for Migration Studies, por ejemplo, los beneficiarios salvadoreños con TPS tienen 192.700 hijos con ciudadanía estadounidense; el 88 por ciento es parte de la fuerza laboral, en comparación a un 63 por ciento de la población estadounidense general; y casi un cuarto tiene una hipoteca.

Para Donald M. Kerwin Jr., director ejecutivo del Center for Migration Studies, la terminación del programa para los salvadoreños es “una decisión ideológica desconcertante que es muy destructiva para todos. Ellos están muy enraizados e integrados en Estados Unidos”.

En Houston, la eliminación del estatus de protección podría agravar la escasez de mano de obra que ya está retrasando las reparaciones necesarias después del huracán Harvey, dijo Stan Marek, director ejecutivo de Marek Brothers, una compañía de construcción con oficinas en Texas y Atlanta. Al menos veintinueve salvadoreños en su nómina son beneficiarios del programa.

“Necesito a esos hombres, en especial durante la recuperación después del huracán”, dijo Marek. “Si pierden su estatus, tengo que despedirlos”.

Sin embargo, Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies, organización que está a favor de restringir la migración, apuntó que la administración Trump hacía bien al atenerse al origen del programa.

“Necesitamos volver al ‘temporal’ de TPS”, dijo. “Tiene que ser provisional; esto ha ido demasiado lejos”.

Actualidad Laboral / Con información de The New York Times