No estuvo claro cuántos soldados se vieron afectados por la medida, y el Pentágono no respondió a las peticiones para realizar comentarios.
“A partir de este momento, se suspende el procesamiento de todas la bajas involuntarias”, dice el memo firmado por el subsecretario del ejército para asuntos de personal y reservistas, Marshall Williams.
Hace un mes la AP informó que decenas de reclutas inmigrantes recibían la baja o la cancelación de sus contratos. Algunos dijeron que no se les explicó el motivo. A otros, el ejército les dijo que los consideraba un riesgo para la seguridad porque tenían familiares en el exterior o porque el Departamento de Defensa había investigado sus antecedentes.
A principios del mes pasado, el Pentágono dijo que no había cambios en las directivas y que continuaban las averiguaciones de antecedentes. Y a mediados de julio, el ejército anuló una baja, la del reservista brasileño Lucas Calixto, de 28 años, que había presentado una demanda. Los abogados presentaron una demanda colectiva la semana pasada para proteger a un grupo más amplio de reservistas y reclutas, exigir la revocación de las bajas y detener las bajas futuras.
Una orden judicial que toma como referencia el memo del 20 de julio pide al ejército que aclare cómo afecta la baja de Calixto y otros demandantes. En un pasaje del memo, Williams ordenó a los jefes militares que recomienden si el deben emitir instrucciones relacionadas con el programa.
Margaret Stock, una abogada de inmigración y teniente coronel retirada del ejército que ayudó a crear el programa de reclutamiento, dijo el miércoles que el memo demuestra la existencia de una política.
“El ejército reconoce que ha dado de baja indebidamente a cientos de soldados”, dijo. “El paso siguiente debería ser derogar las bajas indebidas”.
Los reclutas y reservistas dados de baja a los que se pudo consultar el miércoles dijeron que, por lo que sabían, sus bajas seguían vigentes.
