Como en los tiempos de antes, las cifras de inflación del BCV para septiembre circularon el miércoles 30. Claro que de manera extraoficial, y gracias a fuentes de los reporteros en el mismo BCV como ha venido sucediendo desde hace varios meses. Lo distinto en esta oportunidad es la velocidad con que salieron, y el solapado comentario de que no solo los técnicos sino también parte importante de los directores del banco estaban descontentos con la censura a las cifras impuesta por los presidentes de la República y del BCV.
Ese deseo de esconder la medición de lo que los consumidores experimentan en carne propia no ha impedido que la cifra de septiembre llegue a 16.9%, un valor estratosférico que si se anualiza, (es decir si se repitiera en igual monto por 12 meses) llegaría nada menos que a 551%!! Pero lo interesante aquí no es la validación de lo que cualquier ama de casa experimenta en su bolsillo, sino la preocupación de los directores.
En julio, la organización Transparencia Venezuela demandó al BCV y su Presidente Nelson Merentes ante el TSJ por ocultar las cifras de inflación mensual que están, por Ley, obligados a hacer públicos en los primeros 10 días del mes subsiguiente, junto con otros indicadores claves de la economía que también han ocultado. Inexplicablemente, el TSJ se negó a admitir el recurso “porque Transparencia Venezuela no le había solicitado formalmente la información al BCV.” Ante tan baladí repuesta Trasparencia no se amilanó, sino que formalmente y por escrito le pidió la información no una sino tres veces al BCV sin recibir respuesta, y re introdujo su demanda al TSJ el 23 de septiembre.
La preocupación de los directores seguramente está relacionada con el hecho de que en un futuro ellos junto con el Presidente, como organismo colegiado que es el Directorio, tendrán responsabilidades personales penales y civiles ante los daños causados a terceros por este ocultamiento inconstitucional e ilegal. Ante esa responsabilidad no basta con decir que Miraflores les dio una orden expresa o que “ellos querían divulgar la cifra pero Merentes se los impidió.
Sería bueno que otros funcionarios en similar situación ponderaran el costo futuro de actuar a contrapelo de sus obligaciones para con el ordenamiento legal, escudándose en las órdenes de los poderosos. Como nos enseña la historia de países vecinos, las fiscalías y los tribunales obsequiosos con el poder no son eternos, y cuando los equilibrios se recuperen, las responsabilidades legales personales de cada quién quedarán al descubierto sin beneficio de la hoja de parra de “yo solo seguía ordenes superiores”.
Por Aurelio F. Concheso / Ingeniero
@aconcheso
