Cinco de cada 10 trabajadores del país permanecían en la informalidad en el primer semestre del 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La información oficial señala que de los 8.190.998 personas que tenían algún tipo de trabajo, el 51,6% contaba con empleos informales. Estos trabajos, por lo general, son inestables, con bajos salarios, sin protección social ni derechos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La cifra de 51,6% de trabajo informal representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales frente a junio de 2021, cuando el 49,9% de personas empleadas estaba en la informalidad. Mientras que, el trabajo formal llegó a 43% en el primer semestre de este año frente al 42,3% del mismo periodo de 2021. El incremento fue solo de 0,7 puntos porcentuales.
El empleo no clasificado y el doméstico no tuvieron mucha variación; en junio pasado llegaron a 3,2% y 2,2%, respectivamente.
Afiliaciones al IESS
No todas las personas que tienen un trabajo formal en el país están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El INEC cruzó los datos de empleo con las cifras de afiliaciones al Seguro Social. Allí se demuestra que solo el 25% de la tasa total de empleados es parte del seguro general obligatorio.
Un total de 2.075.667 trabajadores cuentan con seguridad social, que les protege contra contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, seguro de desempleo, invalidez, vejez y muerte.
Según la OIT, la reactivación económica de los países de la región tras la primera ola de pandemia no ha sido insuficiente para la recuperación del empleo adecuado. “No se está generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos que requiere esta región para hacer frente a las secuelas de una crisis sin precedentes”, dijo Vinícius Pinheiro, director de OIT para América Latina y el Caribe.
El panorama es más preocupante para el género femenino. Según un estudio de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), presentado el jueves pasado en Quito, la pandemia provocó el cierre de casi 40 000 comercios, así como la pérdida de más de USD 3.000 millones en ventas solo en micro y pequeños negocios en Ecuador, en el que unas 40.000 mujeres perdieron su trabajo.
