Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud y el tema de este año es la participación cívica de la juventud, tanto desde el punto de vista económico como social.

La Organización Internacional del Trabajo asegura que los trabajadores jóvenes que forman parte de la economía formal tienen mayores oportunidades de acceder al trabajo formal cuando son adultos.

Para muchos jóvenes que viven en los países en desarrollo, su primera experiencia laboral tiene lugar en la economía informal. Para la mayoría de ellos, la transición a la economía formal con frecuencia es una lucha cuesta arriba o hasta una batalla imposible.

La falta de experiencia y de formación es un factor determinante que no les permite salir de la informalidad, como así también el hecho de que estos jóvenes se ven muy afectados por los ciclos económicos.

Sin embargo, algunos países están implementando políticas dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes al empleo formal.

Guillermo Dema, especialista en empleo juvenil de la OIT para América Latina, explica algunas de las políticas que están siendo aplicadas en la región, la cual registra una de las más altas tasas de informalidad del mundo.

Según Dema “los jóvenes de América Latina y el Caribe enfrentan condiciones de trabajo particularmente difíciles, que dan lugar a tasas elevadas de desempleo y de informalidad. Esta situación puede ser atribuida a su falta de experiencia y de formación, así como a que se ven afectados de manera desproporcionada por los ciclos económicos. Esto es especialmente relevante en un momento como este cuando la región experimenta una desaceleración del crecimiento económico”.

Algunos de los programas dirigidos al empleo de los jóvenes que el especialista destaca son:

Uruguay institucionalizó incentivos para la contratación de jóvenes con el Régimen promocional para la inversión y la Ley de empleo juvenil, que promueve el trabajo decente para los jóvenes. El régimen concede exenciones fiscales de hasta 30 por ciento a fin de estimular el empleo juvenil y subsidios salariales cuando se contratan jóvenes entre 15 y 24 años que no tienen ninguna experiencia laboral. Estos subsidios salariales pueden llegar a ser de 60 y 80 por ciento en el caso de empleadores que contratan a jóvenes menores de 30 años desempleados o en situación de vulnerabilidad.

Brasil aprobó una ley que establece subsidios para la contratación de jóvenes aprendices que incluya formación. Su objetivo es facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al empleo formal. También establece una cantidad mínima de aprendices que las empresas deben contratar. La ley exige a las medianas y grandes empresas que cubran entre cinco y 15 por ciento de su fuerza laboral con puestos que requieran formación de jóvenes de entre 14 y 24 años que reciban educación formal o asistan a centros de formación acreditados. La jornada laboral es de seis horas y el salario mínimo por hora corresponde al salario mínimo nacional. El período de aprendiz puede durar un máximo de dos años. Entre 2005 y 2015, más de dos millones de jóvenes brasileños se beneficiaron de estos modelos de formación y contratación.

Algunas cifras de interés

  • Se estima que alrededor de 27 millones de trabajadores jóvenes tienen un empleo informal. Esto representa el 56 por ciento de todos los jóvenes empleados, frente al 46 por ciento de los adultos (mayores de 25 años). Seis de cada diez nuevos empleos para los jóvenes son creados en la economía informal.

  • 31 por ciento de los jóvenes que trabajan en empresas del sector formal lo hacen en condiciones de informalidad, el doble de los adultos (15 por ciento).

  • 45 por ciento de los jóvenes que tienen un empleo no asalariado trabajan en la economía informal, frente a casi 30 por ciento de los adultos.

  • 87 por ciento de los jóvenes que trabajan por cuenta propia lo hacen en la economía informal (83 por ciento de los adultos).

  • En el 20 por ciento más pobre de la población, sólo 23 por ciento de los jóvenes empleados tienen un contrato escrito, y son muy pocos los que tienen acceso a la seguridad social (12 por ciento a la salud y a la pensión).


Actualidad Laboral/ Con información de la OIT