En el reconocido medio El País, en su versión para América, se publica un trabajo en el que se ahonda sobre el trabajo que desarrollan ciudadanos de países en severas crisis económicas,  para la Inteligencia Artificial y su entrenamiento.


Toman testimonios fundamentalmente de trabajadores venezolanos, entre ellos a Oskarina Fuentes quien, debido a la grave circunstancia de su país, hace siete años se convirtió en una trabajadora invisible de la Inteligencia Artificial (IA). Su rol es etiquetar datos para mejorar el rendimiento de los robots de internet a cambio del dinero mínimo para sobrevivir. “Son más que todo búsquedas”, cuenta la mujer de 33 años, dedicada a juntar información de empresas y personas, seleccionar la mejor respuesta ante un criterio de búsqueda, moderar contenidos para que escenas atroces dejen de circular por la red, entre otro sin fin de “tareas”, que van sumando centavos de dólar en su cuenta de Appen.


La plataforma virtual australiana Appen compila datos para que gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, y Google perfeccionen sus sistemas de IA, con la ayuda de colaboradores de más de 170 países, que se registran en su sitio web y seleccionan las tareas que desean realizar.


Los etiquetadores o anotadores de datos como Fuentes brindan información a los modelos computacionales para que estos puedan tomar decisiones, desde mejorar las búsquedas en la red hasta permitir el funcionamiento de algoritmos más complejos como los de un coche autónomo. “El sistema está mirando y aprendiendo de lo que ellos hacen”, explica el doctor Alberto Delgado, experto en IA de la Universidad Nacional de Colombia.


Tras las bambalinas de esta industria billonaria, el pago que le queda a Fuentes oscila entre los 200 y 300 dólares mensuales, que roza el salario mínimo en Colombia (209 dólares), país al que migró en 2019 junto a su madre. La profunda crisis económica por la que atraviesa Venezuela desde hace una década forzó a muchos a buscar métodos alternativos para sobrevivir. Y las plataformas de etiquetado de datos, que no precisan de ninguna cualificación especial, se presentaron como una opción viable para paliar el hambre.


Esclavos de Latinoamérica


Fuentes, graduada de ingeniera petrolera, sufre de diabetes y de una salud precaria que le ha impedido ejercer su profesión y acceder a otro trabajo. Centenares de venezolanos con los que conversa en la red social Telegram sobre sus experiencias en Appen tampoco encuentran otra forma de subsistir.


La plataforma, avaluada en unos 500 millones de dólares según un medio australiano, fija la remuneración de sus colaboradores buscando “superar el salario mínimo en la región”, lo cual no es difícil de alcanzar en Venezuela, en donde ese indicador es de 5,4 dólares mensuales, tras más de un quinquenio de hiperinflación.


“Con muchísimo esfuerzo, logro juntar unos 200 dólares al mes”, indica una trabajadora que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias de la empresa. Sus ganancias son fruto de sus labores en Appen y en otras webs similares como Toloka, Hive Micro, Testable Minds y Paidera. El dinero que gana apenas le alcanza para la comida de ella, su esposo y sus dos hijos, que carecen de otros ingresos. “El trabajo es esclavizante y mal pagado”, señala Rodriguez, que se aferra a esas tareas virtuales desde la ciudad venezolana de Cabimas.


Rodrigo Sircello, que ejerce esa labor desde Maracaibo, dice que él y su pareja se registraron en 2016 ante la promesa de generar buenos ingresos. “A mi esposa le llegaban constantemente correos de Appen (...) En su publicidad se leía que se trataba de un trabajo remoto y se podían obtener grandes ganancias”, cuenta el hombre de 57 años.


Sin embargo, en 2023, él y su familia luchan por subsistir ante la falta de tareas. “Desde el comienzo de este año, ha sido cuesta arriba lograr el mínimo cobro que son 10 dólares a la semana”, indica el padre de familia, que usa todo el dinero mensual de su jubilación como bibliotecario para pagar el internet de su casa y poder usar Appen. Sin importar los años que lleven registrados en la plataforma, los colaboradores no tienen ningún vínculo formal con la compañía, ni cuentan con la garantía de recibir tareas. Además, sus labores muchas veces no concuerdan con los horarios de la zona en la que están; por lo que, ante la necesidad, los venezolanos se someten a trabajar en cualquier momento.


“Tengo problemas de sueño”, recalca la trabajadora de Cabimas, que vive con la computadora “encendida las 24 horas”, por si recibe en la madrugada la notificación de una tarea que le ayude a llegar a fin de mes. Cuando se presentan problemas en la plataforma, la mujer asegura que Appen demora para responder a las quejas o no lo hace en lo absoluto. “No me contestan los tickets”, cuenta la ama de casa. Los cortes constantes de electricidad hacen más difícil su labor. Frente al tratamiento a sus colaboradores, Appen señaló en un correo electrónico a América Futura que “valora profundamente a sus trabajadores porque representan la fábrica de las sociedades donde operan”, pero se abstuvo a responder preguntas específicas sobre las condiciones de los venezolanos en la plataforma.


En el trabajo que publica El País, se explica que la historia de Fuentes se dio a conocer en abril de 2022, dentro de una serie de reportajes de la revista del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) en el que hablaban del “colonialismo de la inteligencia artificial”. En ellos, retrataban a través de varios casos el poder de grandes compañías de la industria sobre colaboradores de países en desarrollo, que trabajan en condiciones precarias. Los ejemplos refuerzan “la idea de que la IA está creando un nuevo orden mundial colonial”, según la revista.


A partir de esa publicación, el nombre de Fuentes fue citado en medios de todo el mundo, de una forma en la que no está del todo de acuerdo. “No me siento una esclava ni de Appen ni de la IA”, dice la joven. “Somos esclavos del sistema de Latinoamérica”, aclara Fuentes, que considera que el vivir en una región de bajos ingresos es lo que determina la falta de garantías.


A principios de este año, la revista Time alertó sobre un caso similar, en el que la empresa OpenIA subcontrataba a personas en Kenia aprovechando la empobrecida economía del país africano para filtrar textos tóxicos del ChatGPT por un pago de dos dólares la hora.


Regulación de la industria


Amante del anime y los animales, Oskarina Fuentes recalca que habla a viva voz de su experiencia para que Appen escuche a sus colaboradores que son “personas capacitadas y trabajadoras”. “Queremos que reconozcan nuestro esfuerzo y nos tengan en cuenta para mayores oportunidades”, señala la joven desde su residencia en un pueblo de Antioquia, Colombia. El doctor Alberto Delgado, experto en IA, asegura que los problemas de estos colaboradores residen en la falta de control en ese mercado. “La IA toca a los seres humanos. Por eso, deben aplicarse principios éticos que abran camino a la regulación de la industria”, destaca el docente universitario.


El mes pasado, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron el adelanto de un borrador de “código de conducta” común sobre IA, que se aplicaría de manera voluntaria en el futuro. En un manual de recomendaciones sobre el tema publicado en 2021, la Unesco advirtió que se debería prestar la debida atención a los países de ingreso mediano bajo “que están más expuestos y son más vulnerables a la posibilidad de que se produzcan abusos de posición dominante en el mercado”.


Entretanto, sin regulaciones activas ni garantías pero con el afán de pagar las cuentas, Fuentes y sus colegas en Venezuela quieren “que Appen siga funcionando” y claman para que aparezcan “más tareas”, mientras aguardan las 24 horas al lado de sus computadoras, con la zozobra propia de un país que se derrumba.


Actualidad Laboral / Con información de El País